El Salvador: Corte decreta inconstitucional la reapertura
SAN SALVADOR (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró el viernes inconstitucional el decreto ejecutivo número 32 con el que el gobierno regulaba la reapertura económica en medio de la pandemia de coronavirus, y reiteró que no puede prohibir la realización de las actividades económicas como se pretende.
En la resolución, la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal considera que, con esta reapertura económica en cinco fases, el gobierno está limitando los movimientos y actividades de las personas, empresas y otros sectores, y que es inconstitucional que se prohíba que todas las personas salgan de sus hogares a trabajar hasta que no llegue el día que les corresponda salir según la fase económica respectiva.
Así, asegura que el gobierno está suspendiendo manifestaciones importantes del derecho a la libertad y del ejercicio de otros derechos fundamentales.
Pero la Sala mantuvo vigente el decreto hasta el 23 de agosto, dando espacio para que el gobierno y los diputados acuerden una ley de reapertura económica y de combate a la pandemia.
La Sala deja claro que, según la Constitución, para limitar un derecho fundamental como la libre circulación y decretar un régimen de excepción, sólo se puede hacer mediante un decreto legislativo y nunca por un decreto del gobierno.
“La Sala de lo Constitucional acaba de declarar inconstitucionales las fases de reapertura económica. En todos los países del mundo los gobiernos ordenan las reaperturas gradualmente para controlar la pandemia. En El Salvador, hoy eso también es inconstitucional. ¿Ya no les importa nada?”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el ministro de Salud Francisco Alabí tuiteó: “Las decisiones sobre la pandemia deben de realizarse basadas en evidencia científica y priorizando la vida de los salvadoreños. Declarar inconstitucional el Decreto 32 nos deja, en este momento, en una posición vulnerable. La salud no es un juego”.
La Asamblea Legislativa está dominada por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), férreos opositores al gobierno que se han negado a aprobar las recientes solicitudes de ley de emergencia nacional y régimen de excepción con la que se podría decretar una cuarentena obligatoria.
Por eso, Bukele ha denunciado que la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional se han encargado de quitarles todas las herramientas legales y "dejar a la Presidencia como una especie de administrador de hospitales”.
Ante el alarmante incremento de contagios y fallecidos por el coronavirus en casi todo el país, El Salvador anunció el 29 de julio que retrasaba hasta el 20 de agosto la segunda fase de su reapertura económica.
Esta etapa ha sido suspendida ya en dos ocasiones. Originalmente estaba prevista para el 7 de julio, luego se trasladó al 21 del mismo mes, y Bukele anunció la nueva demora “después de escuchar las opiniones de los expertos y, sobre todo, del Ministerio de Salud”.
Con el sistema de salud público al límite, El Salvador registra 19.544 casos confirmados de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, con 520 fallecidos y 9.379 personas recuperadas. Actualmente hay 9.645 casos activos, 514 en estado crítico y 1.178 graves.
El país puso en marcha la primera fase de la reapertura económica el 16 de junio luego de casi tres meses de cuarentena. Pero ante el incremento acelerado de contagios y fallecimientos, Bukele anunció el 5 de julio que aplazaría 15 días el paso a la segunda fase, y el 19 del mismo mes la demoró nuevamente.
Con la primera fase, los taxis convencionales y los que se reservan vía aplicación volvieron a circular y se permitió la reapertura de la construcción, de las industrias manufacturera, textil y electrónica, de los centros comerciales para ventas en línea o por teléfono, y de restaurantes para pedidos a domicilio o para llevar.
En la segunda, programada para el 20 de agosto, podría operar el transporte colectivo de pasajeros, los centros de llamadas, las industrias del plástico, el papel y el cartón, así como la del calzado, la cosmética, la manufacturera y creativas. Además se permitirán servicios empresariales y profesionales. En los centros comerciales abrirían los supermercados, farmacias, bancos, servicios públicos, de telefonía, cable e internet, así como restaurantes y áreas de comidas en espacios abiertos y cerrados siguiendo los protocolos de saneamiento.