Costa Rica testea a nicaragüenses por COVID en la frontera
MANAGUA (AP) — Médicos costarricenses comenzaron a realizar el viernes pruebas gratuitas de COVID-19 a unos 200 nicaragüenses varados en la frontera de Peñas Blancas por no tener el requisito que el gobierno de Daniel Ortega les exige para ingresar a su propio país.
Las pruebas las realiza un laboratorio móvil instalado por la Clínica Bíblica San José, el mayor hospital privado de Costa Rica, a unos 287 kilómetros al norte de la capital costarricense y a unos 140 kilómetros al sur de Managua.
“Yo doy gracias a Dios que por fin vamos a poder regresar a nuestro país”, dijo uno de los migrantes nicaragüenses, que no se identificó, mientras hacía fila para recibir su almuerzo y productos de higiene personal por parte de voluntarios y personal de salud. Varias mujeres lloraron de emoción cuando vieron llegar a los vehículos del laboratorio móvil.
El equipo de salud fue contratado mediante una campaña humanitaria de varias ONG costarricenses, entre las que destaca la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, con apoyo de donantes extranjeros, de la empresa privada y del gobierno de Carlos Alvarado.
A mediados de julio, cientos de nicaragüenses que habían viajado a Costa Rica en busca de empleo o que llegaron refugiados tras la revuelta social de 2018 y se quedaron sin recursos por la pandemia del coronavirus comenzaron a aglomerarse en la frontera de Peñas Blancas para reingresar a su país.
Sin embargo, el gobierno nicaragüense les condicionó la entrada a que presentaran pruebas negativas de COVID-19, pese a que Ortega no decretó medidas de distanciamiento y, por el contrario, ha promovido eventos populares que aumentan los riesgos de contagio.
La restricción causó una crisis humanitaria, ya que los migrantes quedaron varados a la intemperie, bajo lluvia, sin agua ni alimentos.
La Fundación Arias emitió un comunicado el viernes confirmando el inicio de las pruebas gratuitas, en el cual destacó que “esta crisis con los nicaragüenses en la frontera tiene un solo culpable y es la dictadura Ortega-Murillo, quienes irrespetan los más sagrados valores universales de respeto a la dignidad humana”.
En entrevista con The Associated Press, Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias, declaró que se recaudaron fondos para realizar las pruebas a unos 200 migrantes y costear el traslado del laboratorio móvil a la frontera. El costo de un test de COVID-19 en laboratorios privados de Costa Rica ronda los 200 dólares, “pero los obtuvimos a 60”.
Barrantes indicó que las pruebas se realizarán de forma gradual “a fin de que los nicaragüenses puedan ir cruzando la frontera en grupos y de forma ordenada”. El resultado tarda 24 horas y el gobierno de Managua pide 72 horas de validez de las pruebas de COVID-19.
Para Barrantes, el gobierno de Nicaragua adoptó una posición intransigente frente al problema porque sabía que otros iban a resolverlo. “Ortega abusa del compromiso que Costa Rica tiene con los derechos humanos, es un régimen represivo que nos afecta a todos”.
El gobierno sandinista no ha emitido comentarios sobre la situación.
Según Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), otra de las ONG involucradas, unos 1.500 nicaragüenses han intentado regresar desde el 1 de julio al país. El grupo más numeroso, de unos 890, estaba en Panamá, la mayoría de los cuales han retornado ordenadamente gracias a un acuerdo tripartito —con Nicaragua y Costa Rica— y a que el gobierno panameño les ofreció apoyo en alimentación y albergues.
