Argentina anuncia controvertido plan de reforma judicial
BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Alberto Fernández anunció el miércoles una iniciativa para lograr una justicia más ágil e “independiente del poder político” que es cuestionada por la principal fuerza de la oposición por considerar que en realidad apuntaría a blindar con impunidad a la investigada vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fernández anunció el proyecto legislativo que enviará al Congreso en un acto oficial acompañado de funcionarios y en el que no estuvo presente Fernández de Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015.
El mandatario dijo que la iniciativa se propone “consolidar una justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia”, que logre revertir “la crisis” de credibilidad que afecta en particular al fuero federal, que trata causas candentes como las de corrupción y está muy cuestionado por distintos sectores de la sociedad por supuestamente plegarse al poder de turno.
“Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas y para eliminar al adversario de turno”, afirmó.
Uno de los puntos que más controversia ha generado es la presencia de Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta y exmandataria (2007-2015) en causas por presunta corrupción, en un consejo de once juristas que asesorará sobre la reforma y el funcionamiento del sistema.
La diputada opositora Graciela Ocaña dijo que la conformación del consejo con la figura de Beraldi busca "lograr la impunidad de Cristina” y de funcionarios de su administración que también son investigados.
La iniciativa propone fusionar los doce juzgados federales con los once de penal económico y duplicar su número para dar más velocidad a las causas en las que les toca intervenir y que incluyen delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y corrupción.
Según Fernández, se pretende evitar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que tienen el poder de decidir en causas “con relevancia institucional y consecuentemente mediáticas”. Al respecto cuestionó que los cuatro años del gobierno de Macri “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad”.
La propuesta también busca que se implemente el sistema acusatorio, que otorga la dirección de los procesos penales a las fiscalías y da a los jueces el papel de garantes de los mismos.
En tanto, el consejo de juristas elevará propuestas concretas para mejorar la administración de justicia y analizará cuestiones como la conformación de la Corte Suprema.
La alianza opositora Juntos por el Cambio -que responde al exmandatario Macri (2015-2019)- adelantó su rechazo a una eventual ampliación del máximo tribunal -actualmente integrado por cinco jueces- por considerar que también escondería intenciones de salvaguardar a la vicepresidenta y a otros puntos de la iniciativa. También criticó dar este debate en momentos en que es prioritaria la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus y la necesidad de reactivar la economía.
El abogado Andrés Gil Domínguez, miembro de la comisión de juristas, cuestionó por su parte la postura de la oposición al señalar que “profundiza la grieta” política e indicó que “es una deuda de la democracia” resolver las deficiencias de los tribunales.
