Gobierno boliviano asciende a coroneles por decreto
LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ascendió el miércoles a un grupo de militares —de coroneles a generales— mediante un decreto supremo que deja de lado la aprobación de la Cámara de Senadores en medio de una disputa con el poder legislativo, dominado por el partido del expresidente Evo Morales.
Según la Constitución, los ascensos a generales, el máximo grado en la jerarquía militar, deben ser ratificados por la Cámara de Senadores, el cual ha retrasado y observado en varias oportunidades su tratamiento.
“El gobierno ha decidido realizar esos ascensos directamente y sin la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Es una medida para que las Fuerzas Armadas sigan ayudando en la lucha contra la pandemia” en tanto la Asamblea da cumplimiento con los ascensos, dijo el ministro de Defensa, Fernando López.
La policía y los uniformados apoyaron los conflictos sociales políticos que ocasionaron la renuncia del expresidente Morales el 10 de noviembre. Dos días después asumió Áñez.
“La Asamblea está contra el pueblo, definitivamente, no duden, pero el gobierno está con el pueblo; aunque no le guste a la Asamblea”, agregó el ministro López.
Los coroneles de la fuerza Naval, Aérea y del Ejercito son evaluados primero por el ejecutivo y luego por el legislativo para ascender a generales y que posteriormente asuman el mando militar.
En mayo los militares dieron un plazo de una semana a la Asamblea para que aprobara los ascensos, pero la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa, dijo que era una amenaza y lo rechazó. Su colega, Omar Aguilar, mencionó a The Associated Press que es una “medida anticonstitucional que no tiene ningún valor legal”.
“Nosotros no tenemos ninguna venganza con los militares, eso en una mentira política, lo que pedimos es que se cumpla con los requisitos”, añadió.
Las disputas entre el ejecutivo y el legislativo se dan en momentos en lo que los contagios por el nuevo coronavirus han tenido un nuevo incremento. Según el último reporte del Ministerio de Salud, en un día llegaron a 1,617 y sumaron un total de 50,867 y 1,898 fallecidos.
Por la mañana la enfermedad cobró la vida de un reconocido obispo de La Paz que se contagió del virus en barriadas a donde llevó ayuda para los enfermos. Monseñor Eugenio Escarpellini, de 64 años y nacido en Italia, era obispo de El Alto, la populosa ciudad vecina de La Paz. El gobierno y representantes diplomáticos lamentaron la pérdida del prelado.
Ante un incrementó rápido de los contagios y la saturación de los servicios médicos, la Asamblea Legislativa impulsa el tratamiento de una polémica ley para el uso del dióxido cloro en el tratamiento contra la pandemia. La norma fue aprobada por el Senado y pasó a los diputados a pesar de las advertencias del Ministerio de Salud de que se trata de un producto químico y no de un medicamento.
“No corresponde que un órgano político autorice el uso de medicamentos sin consentimiento de las instancias autorizadas”, opinó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.
En tanto, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, dio positivo a COVID-19, con lo que suman siete ministros —más la presidenta interina Áñez— que han contraído el virus y se han declarado en aislamiento. La mandataria continúa con sus funciones desde la residencia presidencial.
