Colombia reubica a exguerrilleros ante aumento de asesinatos

Una población de exguerrilleros colombianos que depusieron las armas en el histórico acuerdo de paz de 2016 fue reubicada por las autoridades el miércoles después de que 11 de sus residentes fueran asesinados en los últimos tres años.

El Centro de Reincorporación Román Ruiz, en el noroeste del país, albergaba a un grupo de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a sus familiares, quienes vivían en pequeñas casas prefabricadas y trabajaban en distintos proyectos, incluyendo la cría de gallinas y una granja cafetalera.

Los 94 habitantes de la localidad cargaron sus pertenencias en camiones y abordaron autobuses de dos pisos para mudarse a la región bananera de Uraba, donde el gobierno ha alquilado 137 hectáreas (340 acres) de terreno para ellos y les prometió ayuda para construir sus viviendas.

“Es un desarraigo muy complejo”, dijo Marco Urbano, portavoz del grupo de excombatientes que se encontraba en la localidad montañosa supervisando la mudanza. “Son tres años de proyectos productivos y ahora toca empezar desde cero”.

El gobierno colombiano pasa apuros para garantizar la seguridad de los exintegrantes de las FARC y estabilizar áreas rurales cuyo progreso se ha visto obstaculizado desde hace tiempo por la violencia y la desigualdad. De acuerdo con las Naciones Unidas, 210 exmiembros del grupo guerrillero han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo del paz.

A pesar de que las FARC se registraron exitosamente como partido político y se les otorgaron 10 escaños en el Congreso, muchos de sus miembros también han recibido amenazas de muerte y se han visto obligados a mudarse de las zonas rurales.

Estos actos de violencia socavan las labores del presidente Iván Duque de persuadir a los grupos disidentes restantes de entregar las armas, asegura Sergio Guzmán, analista de riesgos políticos que radica en Bogotá.

“Si tú eres un grupo disidente y ves lo que les esta pasando a las FARC, ¿qué confianza vas a tener en que este gobierno a ti te cumpla?”, preguntó Guzmán. “¿Cómo vas a creer que es un socio confiable?”

Más de 13.000 miembros de las FARC depusieron las armas durante el acuerdo de paz. Pero un grupo de menos de 2.000 combatientes rechazó el pacto y sigue en lucha contra el gobierno, financiándose mediante el tráfico de cocaína. Otro grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también combate en partes remotas del país, luego de que se rompieran las negociaciones tras el estallido de una bomba que dejó 23 muertos en una academia de policía el año pasado.

El centro Román Ruiz, en la provincia de Antioquia, es una de las cerca de 20 zonas de reincorporación a las que llegaron los excombatientes de las FARC tras el acuerdo de paz. Inicialmente, estas localidades fungían como sitios en donde los guerrilleros entregaban sus armas a elementos de la ONU y se registraban en la oficina de servicios sociales.

Posteriormente, y a solicitud de las FARC, se conservaron las aldeas y se convirtieron en lugares donde los excombatientes podían realizar proyectos agrícolas y aprender oficios. El gobierno les daba un estipendio mensual y financiamiento para emprender nuevos negocios.

Ariel Ávila, un analista de seguridad colombiano, dijo que al centro Román Ruiz y a la municipalidad circundante de Ituango les fue bien en el primer año posterior al acuerdo de paz.

Pero la violencia aumentó en 2018 cuando el ELN y varios grupos del narcotráfico comenzaron una disputa territorial en Ituango. El distrito forma parte de una “gran frontera llena de coca”, dijo Ávila, y actualmente se ubica en medio de una guerra por el control de las rutas del trasiego de drogas en el noroeste de Colombia. El conflicto involucra al ELN, al Clan del Golfo y al cártel de Los Caparrapos, así como a una pequeña facción de combatientes de las FARC que nunca se integraron al acuerdo de paz.

Los combatientes retirados del centro Román Ruiz se convirtieron en blancos fáciles para rivales que querían ajustar viejas cuentas o eliminar el activismo local.

“Al gobierno se le salió de las manos el tema de la seguridad”, dijo Manuel González, líder de las FARC y candidato político que vivió en la aldea hasta 2018, cuando emigró del lugar debido a amenazas de muerte en su contra. “Y nosotros quedamos atrapados en la mitad de eso”.

González dijo que la población de la localidad se redujo de 300 excombatientes a menos de 100 a finales del año pasado, conforme la violencia aumentaba en las zonas aledañas.

Funcionarios del gobierno habían hablado con líderes de las FARC sobre reubicar la aldea desde los primeros meses del año pasado, y finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo en enero, después de que dos exguerrilleros residentes de la localidad fueron asesinados en un lapso de un mes. Ahora sus habitantes dejarán atrás el frío clima montañoso para mudarse a una calurosa granja cerca de la costa del Caribe.

Tendrán que reemplazar sus 100 vacas lecheras con ganado que esté mejor adaptado al clima cálido. También esperan poner una granja piscícola.

“Esperemos que esta vez el gobierno sí pueda garantizar nuestra seguridad”, declaró González. “Es la única forma de concretar los acuerdos”.