Colombia: Grupos usan violencia para forzar a confinarse
BOGOTÁ (AP) — Grupos armados ilegales están imponiendo estrictas cuarentenas por el coronavirus en partes de Colombia donde el Estado tiene poca presencia, amenazando e incluso asesinando a quienes no cumplen, advirtió Human Rights Watch el miércoles.
Al menos nueve personas han sido asesinadas en los últimos meses por rehusarse a cumplir con las restricciones o por oponerse abiertamente a ellas.
Un hombre, el líder comunitario Edison León, fue asesinado en junio después de enviar una carta en la que les alertaba a las autoridades locales que miembros de un grupo llamado “La Mafia” estaban obligando a los residentes a operar un punto de revisión sanitaria en Putumayo.
“No estoy dispuesto a seguir mandando a mi comunidad a la muerte”, escribió.
Fue asesinado unos días después.
“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del COVID-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, denunció José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para el continente americano.
Vivanco dijo que los grupos — que incluyen a rebeldes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, entre otros — están utilizando la pandemia para reafirmar su control y ganar legitimidad ante los ojos de la ciudadanía, pero también actúan por miedo al coronavirus.
Muchas de las zonas rurales en las que operan estos grupos no cuentan con hospitales equipados con respiradores para atender a los enfermos graves.
Vivanco señaló que los grupos irregulares tienen miedo de que se presente un brote de coronavirus en sus filas.
Los casos de COVID-19 han ido en aumento constante en Colombia, con 165.169 infecciones confirmadas hasta el miércoles por la tarde. La nación enfrenta a la pandemia al mismo tiempo que lidia con otra serie de problemas, incluyendo una enorme producción de coca, narcotráfico y el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros tras el histórico acuerdo de paz de 2016.
La tasa de desempleo en Colombia se ubica alrededor del 21%, y las autoridades calculan que 4,7 millones de personas caerán en la pobreza antes de que finalice el año.
Human Rights Watch indicó que en su investigación se halló que grupos armados ilegales están imponiendo reglas para frenar la propagación de COVID-19 en al menos 11 de los 32 estados del país. En cuando menos cinco de ellos están valiéndose de la violencia para ejercer control. Hacen llegar sus advertencias a la ciudadanía a través de panfletos o mensajes de WhatsAppp.
Un panfleto difundido por miembros del Ejército de Liberación Nacional hace unos meses en el norte de Colombia señalaba que sus soldados se han visto “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas”, y advirtió que sólo permitirían que salgan a la calle los empleados de tiendas, panaderías o farmacias.
En un caso, tres civiles fueron asesinados y otros cuatro resultaron heridos en el suroeste de Colombia después de ser baleados en un parque público. En otro incidente, dos inmigrantes venezolanos fueron asesinados mientras bebían alcohol en un taller de reparación de teléfonos celulares.
En ambas instancias, los fiscales y trabajadores humanitarios creen que las víctimas fueron asesinadas por violar la cuarentena.
A pesar de que muchos indicadores delictivos han descendido en Colombia y en otras partes de Latinoamérica durante la pandemia, aún persiste la violencia hacia comunidades vulnerables, incluyendo campesinos, líderes sociales y exrebeldes,
Las medidas de cuarentena que están imponiendo los grupos ilegales armados son aun más estrictas que las establecidas por el gobierno, encontró Human Rights Watch. Mientras que el confinamiento gubernamental permite que los residentes salgan a buscar atención médica, algunos de los grupos ilícitos incluso se rehúsan a eso.
Human Rights Watch hizo un llamado al gobierno colombiano a proteger a la ciudadanía y garantizarle el acceso a la atención médica, alimentos y agua potable.
“Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, subrayó Vivanco.
