El Salvador prohíbe vender plasma para pacientes de COVID-19
SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el jueves una ley transitoria que promueve la donación de plasma y contempla sanciones para quienes soliciten o reciban cualquier tipo de gratificación o remuneración a cambio de ayudar a las víctimas del COVID-19.
La Ley Transitoria de Fomento para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19 surge ante la desesperación de los familiares de los enfermos hospitalizados que, a través de las redes sociales, piden ayuda a las personas que han logrado vencer la enfermedad. Además, se han escuchado denuncias de personas que están comercializando el plasma.
La nueva norma prohíbe “cualquier forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, coacción, condicionamiento psicológico o de cualquier otra naturaleza a cambio de la donación del plasma convaleciente”.
Las personas que incumplan esta normativa podrían recibir una sanción del Consejo Superior de Salud Pública de entre 50 y 100 horas de trabajos de utilidad pública, que podrán cambiarse por una sanción económica.
Se estima que de las 4.129 personas que han logrado vencer el coronavirus en el país, solo unas 300 han donado su plasma para ayudar a los afectados por la pandemia.
Según cifras oficiales, El Salvador tiene 7.000 casos confirmados de coronavirus, 191 fallecidos y 4.129 enfermos recuperados, mientras que de los 2.680 casos activos hay 202 en estado crítico y 412 graves.
Por su parte, la Dirección de Centros Penales confirmó que el expresidente Tony Saca, que guarda prisión en el Centro Penal La Esperanza, en la periferia norte de San Salvador, se recupera de dengue y dio negativo en la prueba de COVID-19.
“El tratamiento al expresidente Saca se le está haciendo ahí, no se le ha llevado a un hospital privado, ahí se le lleva la medicina”, explicó en conferencia de prensa el director de Centros Penales, Osiris Luna.
En agosto de 2018, Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009, confesó ante un juez que desvió fondos de las arcas el Estado para favorecer a sus empresas y a terceros. Se convirtió en el primer exmandatario salvadoreño condenado por corrupción al ser sentenciado a 10 años de prisión y a regresar 260 millones de dólares.
