P. Rico estrena presupuesto con menos medidas de austeridad
SAN JUAN (AP) — Puerto Rico tiene un nuevo presupuesto aprobado el miércoles que suspende por un año la mayoría de las medidas de austeridad y los recortes gubernamentales, ello con el fin de que la isla se siga recuperando de los daños causados por huracanes, terremotos y la pandemia de coronavirus.
Una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico aprobó el presupuesto de 10.000 millones de dólares después de rechazar otro que la gobernadora Wanda Vázquez presentó recientemente, el cual contenía numerosos incentivos y aumentos al gasto público que los críticos consideraron fuera de la realidad.
El nuevo presupuesto consolidado de Puerto Rico para el año fiscal 2021 es 10% mayor al del año pasado, básicamente porque anticipa un aumento de 17% en los fondos federales. La mayor parte del gasto está destinado a la atención médica, la educación y los pagos gubernamentales de pensiones, mientras que otras áreas, incluyendo la vivienda y la agricultura, sufrirán recortes.
El presupuesto también incluye 83 millones de dólares en incentivos para el fondo general, incluidas partidas de entre 5.000 y 100.000 dólares para las escuelas que cumplan con ciertos requisitos, entre ellos la asistencia de maestros y estudiantes.
El presidente de la junta José Carrión dijo que es el cuarto año consecutivo que el gobierno de Puerto Rico ha presentado un presupuesto incongruente con un plan fiscal que sirva de proyecto económico para la isla.
“No puede haber gastos que no podamos pagar”, dijo Carrión, quien anunció que dejará el puesto a principios de octubre tras servir de forma voluntaria desde que se creó la junta hace cuatro años.
Puerto Rico sigue sumido en una profunda crisis económica y está reestructurando una porción de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares, generada durante décadas de mala gestión, corrupción y endeudamientos excesivos para equilibrar los presupuestos.
La junta indicó que este año espera completar un proceso similar al que realizan las empresas durante una bancarrota.
Sus miembros dijeron que suspendieron la mayoría de las medidas de austeridad y recortes gubernamentales para permitir que el gobierno de Puerto Rico imponga unas reformas que se desea aplicar desde hace tiempo, incluyendo incrementar la tasa de participación laboral local, facilitar el hacer negocios en la isla y suministrar electricidad más barata y confiable.
Durante una reunión de dos horas el miércoles para hablar sobre el presupuesto, varios miembros de la junta reprendieron a las autoridades de Puerto Rico por no presentar estados financieros auditados desde 2017.
“Realmente es desalentador”, dijo Carlos García, un miembro de la junta que también anunció que dejará el cargo a finales de agosto.
El Congreso de Estados Unidos creó la junta en 2016 como parte de una ley conocida como PROMESA que un grupo de legisladores demócratas intentan enmendar, alegando que la junta no ha hecho lo suficiente para proteger a los puertorriqueños y mejorar la situación económica de la isla.
En un comunicado en el que anunció su renuncia, Carrión dijo que si bien la ley no es perfecta, puede seguir vigente para ayudar a este territorio estadounidense.
“PROMESA fue y es una imposición sobre Puerto Rico por parte del gobierno federal”, señaló. “Sin embargo, también es un salvavidas y una herramienta que ha salvado a Puerto Rico de ahogarse en un mar de deudas”.
