Colombianos serán juzgados en Argentina por lavado dinero
BUENOS AIRES (AP) — La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria y el exfutbolista Mauricio “Chicho” Serna, entre otros, serán juzgados en Argentina por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El juez federal Néstor Barral elevó a juicio el jueves el caso de una organización criminal que, a través de emprendimientos inmobiliarios y de gastronomía, blanqueaba dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes en Colombia y en Estados Unidos entre 2008 y 2017.
El magistrado dio por probado que María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín -viuda e hijo del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria, quienes asumieron dichas identidades cuando Argentina les dio la residencia en los 90- y Serna, el ex mediocampista colombiano que se destacó en Boca Juniors, tuvieron un rol central para ingresar al sistema financiero argentino fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al Cartel de Medellín.
Otras seis personas también serán juzgadas por el mismo caso.
Los parientes de Escobar Gaviria, el líder del cartel de Medellín abatido por la policía en 1993, oficiaron de enlace entre Piedrahita Ceballos y el abogado argentino Mateo Corvo Dolcet, a cargo de varias sociedades comerciales a través de las cuales se lavó el dinero, según la acusación del Ministerio Público Fiscal.
Una de estas sociedades tenía la explotación de “El Café de los Angelitos”, un santuario para los amantes del tango que data desde principios del siglo XX.
En tanto, a “Chicho” Serna se le imputa la venta de propiedades inmuebles a Piedrahita Ceballos “a un precio irrisorio y ficticio”, según la fiscalía. Dos lotes que estaban a nombre de Serna en realidad pertenecían a otro grupo criminal colombiano denominado “La Oficina de Envigado”, vinculado a los carteles de Medellín, Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia, según la investigación.
El exfutbolista ha negado la acusación.
La justicia determinó que las maniobras ilícitas permitieron el blanqueo al menos unos cinco millones de dólares.
El caso se inició a partir de información provista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
