Procesadoras de carne, riesgosa opción para inmigrantes

SIOUX FALLS, Dakota del Sur, EE.UU. (AP) — Cuando los hijos adultos de Martha Kebede inmigraron desde Etiopía y se le unieron en Dakota del Sur este año, encontraron pocas oportunidades de trabajo.

Hablaban poco inglés y terminaron trabajando en la planta procesadora de carne de cerdo de Smithfield Foods en Sioux Falls, una ocupación extremadamente agotadora y cada vez más riesgosa, al punto de que miles de trabajadores de ese sector contrajeron el coronavirus en todo el país. Un día no se presentaron la mitad de los trabajadores de una sección. Pasadas algunas semanas, a los dos hermanos se les detectó el COVID-19.

“Fue algo muy, muy triste”, dijo Kebede. “Los chicos lagrimearon al ver lo que pasaba”.

Los hermanos, que pidieron no ser identificados por temor a represalias en la planta, son parte de los aproximadamente 175.000 inmigrantes que se cree trabajan en plantas procesadoras de carne en Estados Unidos. Históricamente estas plantas siempre hay dependido en buena medida de trabajadores extranjeros, incluidos refugiados y personas que no tienen permiso de residencia, que desempeñan algunas de las tareas más peligrosas que hay.

Ahora esa dependencia y la incertidumbre en torno a un virus que ha matado a al menos 20 trabajadores y cerrado temporalmente varias plantas plantea la posibilidad de que una escasez de mano de obra impida satisfacer la demanda de carne de res, cerdo y pollo.

Las empresas, que ya tenían problemas para conseguir personal antes de la pandemia, están ofreciendo incentivos para atraer trabajadores. Sus posibilidades de contratar gente dependerán de una cantidad de factores, como el desempleo, cambios en el sector, el temor que pueda sentir la gente por su seguridad y las agresivas y confusas políticas inmigratorias de Donald Trump.

El presidente ha limitado toda forma de inmigración, legal e ilegal, pero su gobierno hace poco extendió por 60 días los permisos de algunos trabajadores temporales de plantas procesadoras de carne de res y de pollo.

En el 2019 unos 350 extranjeros fueron autorizados a trabajar en plantas procesadoras con visas H-2B, según Daniel Costa, del Instituto de Políticas Económicas.

Se conceden 66.000 visas de ese tipo anualmente, generalmente en jardinería y hoteles. Pero hay intenciones de ampliar el programa. Trump apoya la adición de 35.000 trabajadores temporales, aunque esa iniciativa quedó en suspenso en abril por “las actuales circunstancias económicas”.

Los inmigrantes representan el 40% de los 470.000 empleados en estas plantas y hay grandes concentraciones de extranjeros en estados como Dakota del Sur, donde son el 58% de la fuerza laboral, y Nebraska, donde representan el 66%, según al Instituto de Políticas Migratorias. Se calcula que aproximadamente el 14% de la fuerza laboral de algunas plantas son inmigrantes sin permiso de residencia.

Las plantas dicen que ofrecen oportunidades laborales con beneficios y posibilidades de progresar. Paulina Francisco cuenta que lleva 21 años trabajando en la planta de Smithfield de Sioux City, Iowa, y que pudo comprarse una casa, algo que parecía un sueño irrealizable cuando inmigró desde Guatemala. Ahora es ciudadana estadounidense.

La mayoría de los empleos son en zonas rurales, lo que limita las posibilidades de los trabajadores de conseguir asesoría legal, sindicatos favorables y otros beneficios. El sueldo promedio a veces es de solo 12,50 dólares la hora, por desempeñar tareas agotadoras, a menudo con estrecho contacto físico. Con frecuencia los trabajadores no se quejan por temor a ser deportados.

“Los sectores vulnerables les caen bien” a las procesadoras, dijo Joshua Specht, profesor de la Universidad de Notre Dame.

Las procesadoras de pollo sobre todo contrataron grandes cantidades de inmigrantes en la década de 1990 ante el aumento en la sindicalización de los afroamericanos. Una de ellas, de Morton, Mississippi, colocaba publicidad en negocios y diarios cubanos de Miami y ofrecía transporte a la gente dispuesta a aceptar sueldos más bajos, una táctica empleada en todo el sur, según la antropóloga Angela Stuesse, de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill.

Al principio contrataban inmigrantes con permiso de trabajo, que con el correr del tiempo fueron reemplazados por mexicanos y guatemaltecos sin permiso de residencia. Luego llegaron argentinos, uruguayos y peruanos.

“Así funciona este sector. Contratan gente de estas distintas comunidades para mantener los costos bajos”, dijo Stuesse.

Un ejemplo de la capacidad de las plantas de responder en a la escasez de personal son las redadas del servicio de inmigración.

En el 2006, la policía de inmigración detuvo a 1300 personas en plantas de Swift & Co., en la redada de este tipo más grande en la historia del país.

En cuestión de meses, Swift operaba normalmente de nuevo. Una planta, la de Greeley, Colorado, ofreció más dinero y contrató unos 75 trabajadores, sobre todo ciudadanos estadounidenses y refugiados somalíes, según el Centro de Estudios de la Inmigración, que apoya políticas inmigratorias más restrictivas.

En la actualidad las procesadoras tienen la quinta concentración más alta de refugiados, de acuerdo con al Instituto de Políticas Fiscales, una agrupación sin fines de lucro.

El refugiado sudanés Salaheldin Ahmed, de 44 años, empezó a trabajar en Dakota del Sur hace seis años. Después de scaparle a la guerra en su país, pocas cosas lo alarman. Ni siquiera el hecho de haber contraído el COVID-19.

“Mataban gente delante de ti”, dijo Ahmed, quien experimentó síntomas leves. “El coronavirus no es nada” comparado con eso.

Algunos datos estadísticos hacen pensar que las redadas harán que se suspenda temporalmente la contratación de inmigrantes.

Los no ciudadanos representaban el 52% de a fuerza laboral de las procesadoras en el 2006 y dos años después el porcentaje había bajado al 42%, según Michael Clemens, del Centro para el Desarrollo Global.

Pero esa tendencia se revirtió durante la recesión del 2008, que generó un alto desempleo. Para el 2011, los no ciudadanos eran el 56%.

Después de las redadas del año pasado en procesadoras de pollo de Mississippi se contrataron algunos ciudadanos, pero muchos inmigrantes volvieron a trabajar, dijeron activistas y líderes locales.

“Necesitan trabajadores y no tienen otras posibilidades”, afirmó el reverendo Roberto Mena, cuya congregación de Forest incluye a trabajadoras de las plantas procesadoras.

Koch Foods y Peco Foods, las empresas más grandes blanco de las redadas, no respondieron a mensajes pidiendo comentarios. Las dos afirman que usan el sistema E-Verify del gobierno nacional para confirmar que los trabajadores tienen sus papeles en regla.

Hay quienes cuestionan el modelo que usa el sector. El personal va y viene y es común que una empresa vuelva a contratar la misma gente, según el Proyecto Nacional de Leyes de Trabajo.

“Esta es una industria bastante miope”, sostuvo Debbie Berkowit, una directora de esa agrupación. “Buscan gente que puedan explotar en lugar de personal que pueda plantear reclamos”.

Cuando el coronavirus hizo cerrar varias plantas, Trump las ayudó al catalogarlas como un sector esencial.

El Instituto Norteamericano de la Carne calcula que la mayoría de las plantas están trabajando el 70% de su capacidad. Muchas incorporaron paneles de plexiglás y otras protecciones.

La pandemia, no obstante, está desalentando a algunos inmigrantes.

Guadalupe Páez, de 62 años, difícilmente vuelva a trabajar en la limpieza de la planta JBS Packerland de Green Bay, Wisconsin, tras ser hospitalizada con el COVID-19. Dice que se siente débil y teme volver a enfermarse, según su hija Dora Flores. Páez inmigró desde México en la década de 1980, con visa de trabajadora temporal, y ahora tiene permiso de residencia.

“Sale solo para ir al médico”, cuentan su hija. “Está traumatizada”.

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Tareen informó desde Chicago.