Junta de control: Superávit de Puerto Rico caería un 65%
SAN JUAN (AP) — La junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico señaló el martes que la isla podría registrar un déficit antes de lo anticipado y registrar un descenso del 65% en su superávit en los próximos años, advirtiendo que el gobierno no puede costear el pago de sus obligaciones de deuda actuales.
El anuncio se dio a conocer en momentos en que el organismo se prepara para votar un plan fiscal que servirá como punto de partida para un territorio estadounidense que ha resultado sumamente perjudicado por el paso de huracanes, terremotos y la pandemia del coronavirus mientras reestructura una porción de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares.
Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, dijo en conferencia telefónica que la economía de la isla se contraerá en los próximos cinco años y que el superávit anticipado en los próximos años caerá de 23.000 millones de dólares a 8.000 millones entre los años fiscales de 2020 y 2032. Se negó a indicar cómo afectaría el desplome al repago de la deuda de Puerto Rico, limitándose a decir que la isla no puede costear sus obligaciones contractuales existentes.
“El camino por delante es mucho más incierto”, dijo, refiriéndose en parte a las consecuencias de la pandemia y destacando que las proyecciones económicas ajustadas son similares a las emitidas después del paso del huracán María en septiembre de 2017.
Jaresko dijo que por el momento no se realizarán recortes en el gobierno de Puerto Rico para que pueda enfocarse en mejorar sus operaciones, añadiendo que el fondo general de unos 9.400 millones de dólares permanecerá del mismo tamaño durante el año fiscal actual. También comentó que el gobierno de Puerto Rico no ha realizado reformas significativas, incluyendo en el sector laboral, que habrían incrementado la prosperidad del territorio.
El plan fiscal modificado se presenta menos de una semana después de que el representante Raúl Grijalva presentó enmiendas a una ley que fue responsable, en parte, de la creación de la junta como parte de un paquete financiero para Puerto Rico.
El proyecto pide una auditoría a la deuda de Puerto Rico y declarar la salud pública, la educación, la seguridad y las pensiones como servicios públicos esenciales, con lo que quedarían protegidos de los recortes de fondos. Además, la medida garantizaría el financiamiento para la Universidad de Puerto Rico y le permitiría al gobierno local reducir parte de la deuda. El proyecto fue presentado en medio de las críticas de que la junta no está protegiendo a los puertorriqueños y no ha hecho lo suficiente para mejorar la situación de la isla.
“La devastadora austeridad fiscal impuesta por la ley original no ha podido mejorar el desarrollo económico ni solucionar la pobreza crónica en Puerto Rico, así que es momento de adoptar una postura que se enfoque más en el pueblo”, dijo Grijalva en un comunicado a finales de la semana pasada.
Los huracanes Irma y María, aunados a una reciente serie de terremotos, han causado daños por miles de millones de dólares y agudizado la crisis económica. Entonces llegó la pandemia, y los expertos advirtieron que una isla con 3,2 millones de habitantes y una tasa de pobreza superior al 40% — la más elevada en comparación con cualquier estado de Estados Unidos — podría registrar una tasa de desempleo de más del 40%. Algunos economistas estiman que la crisis por el COVID-19 provocará pérdidas económicas de entre 6.000 y 12.000 millones de dólares.