Jueza pide al ICE explicar mejor por qué no libera a menores
HOUSTON (AP) — Una jueza federal censuró el viernes la manera en la que el gobierno del presidente Donald Trump ha manejado la detención de niños y familias inmigrantes, ordenándole que entregue a la corte información detallada sobre sus planes para liberarlos con prontitud debido al coronavirus.
La jueza federal Dolly M. Gee le ordenó al gobierno que mejore su explicación de por qué no ha puesto en libertad a algunos de los aproximadamente 350 padres y menores en tres centros de detención de familias.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sido blanco de fuertes críticas por presuntamente haberles preguntado a los padres detenidos si permitirían que sus hijos fueran dejados en libertad sin ellos.
A los padres que se encuentran en las tres instalaciones —una en Pensilvania y dos en Texas— se les preguntó durante reuniones breves si había patrocinadores disponibles que cuidaran de sus hijos, dijeron la semana pasada abogados que representan a las familias. Después les solicitaron que firmaran un formulario.
El ICE ha declinado darlo a conocer.
Gee escribió que no halló que el ICE buscara oficialmente conseguir esas dispensas formales, sino que las conversaciones de los agentes con los padres detenidos “causaron confusión y agitación emocional innecesaria, y no parecían servir al propósito legítimo de la agencia de hacer consultas individualizadas continuas relacionadas con las acciones para dejar en libertad a los menores”.
Aunque algunos padres informaron de detalles ligeramente distintos, los abogados señalaron que en general los progenitores creyeron que se les estaba preguntando elegir entre quedarse detenidos con sus hijos o dejar que los menores se fueran.
“Les pedían a las madres separarse de sus hijos de 1 año para ir con un patrocinador que tal vez nunca se ha reunido o conocido al niño”, dijo Bridget Cambria, directora ejecutiva del grupo ALDEA, que representa a las familias en el centro de detención del ICE en Leesport, Pensilvania.
El gobierno de Trump volvió a enfrentar acusaciones de que está intentando separar a las familias inmigrantes dentro de sus medidas para reforzar la seguridad en la frontera. La separación de familias inmigrantes fue censurada por ambos partidos en 2018 cuando el gobierno de Trump puso en marcha una política de “cero tolerancia” a los cruces en la frontera sur.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas acusó a los defensores de los inmigrantes de hacer “tergiversaciones”, y dijo que continúa acatando la orden ejecutiva de 2018 de Trump de poner fin a la separación de familias. En un comunicado, la agencia dijo el jueves que el formulario fue utilizado como parte de una “revisión de rutina a la libertad condicional acorde con la ley” y con las órdenes previas de Gee.
“La corte reconoció que los padres, no el gobierno, deben decidir si los chicos deben ser entregados a un patrocinador”, señaló la agencia. “Para cumplir con esta orden, se requería que el ICE verificara a cada uno de los menores —y sus padres— en custodia... para hacer determinaciones individuales de libertad provisional respecto de esos menores”.
En documentos presentados el 15 de mayo ante la corte, el gobierno subrayó mas de 170 veces que se había rehusado a dejar en libertad a los niños que continúan detenidos porque el “padre no quiere la separación”. Sin dar detalles, el gobierno consideró que muchos menores podrían darse a la fuga.
Gee pidió el viernes al gobierno y activistas diseñar un nuevo proceso para determinar si las familias pueden ser puestas en libertad.
La jueza supervisa un acuerdo de la corte conocido como el acuerdo Flores, el cual controla cómo se supone que Estados Unidos debe tratar a los niños migrantes en su custodia.
Durante la pandemia de coronavirus, el gobierno de Estados Unidos ha prohibido el ingreso de familias y niños que desean obtener asilo. Ha expulsado a centenares de niños a los pocos días de que cruzaron la frontera desde México en lugar de entregarlos a instalaciones del gobierno diseñadas para cuidarlos, algo que establece la ley federal.
La agencia afirma que deja en libertad a la mayoría de las familias de sus centros de detención antes de 20 días, el límite general previsto en el acuerdo Flores respecto de la detención de un menor en una instalación segura.
Sin embargo, muchas familias actualmente en custodia continúan detenidas durante meses, algunas desde el año pasado.
Los activistas sostienen que el ICE debería dejar en libertad a todas las familias, en especial debido a la veloz propagación del coronavirus en los centros de detención de inmigrantes, donde más de 1.100 personas se han contagiado y alrededor del 50% de las pruebas han dado positivo. En el mayor centro de detención de familias del ICE en Dilley, Texas, los detenidos incluyen a un niño con epilepsia, un bebé de 1 año con problemas respiratorios, y varios niños con soplos cardíacos, según Shalyn Fluharty, directora del grupo jurídico Proyecto Dilley.
El ICE afirma que ha dejado en libertad a centenares de personas a las que consideraba muy expuestas al virus, aunque ha impugnado demandas en todo el país en las que se exige la liberación de otras.
El gobierno de Trump también está apelando la orden de Gee del año pasado que le impide poner fin al acuerdo Flores.
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La periodista de The Associated Press Astrid Galvan contribuyó a este despacho en Phoenix.
