Periodistas demandan a P. Rico por leyes de noticias falsas
SAN JUAN (AP) — La Unión Americana de Libertades Civiles anunció el miércoles que representará a dos periodistas que impugnaron un par de leyes de Puerto Rico que penalizan la difusión de noticias sobre emergencias en la isla que el gobierno local considere falsas.
La ACLU —siglas en inglés del organismo activista— sostuvo que las dos leyes, aprobadas en 2017 y en abril de 2020, violan la Primera y la Decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos e inhiben el reporteo sobre la crisis del coronavirus y otras emergencias, pues dejan vulnerables a los periodistas en caso de que el gobierno dispute sus hallazgos. Las leyes estipulan penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 5.000 dólares.
Esas leyes "sólo sirven para inculcar miedo entre quienes están exigiendo respuestas y un gobierno limpio”, dijo William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, que presentó la demanda ante una corte federal.
Las leyes referidas abarcan sólo noticias sobre emergencias en Puerto Rico y sobre la respuesta que el gobierno les da. La ACLU destacó que, según las leyes mencionadas, el gobierno ni siquiera tiene que demostrar que el reportero sabe que el contenido es falso.
La secretaria de justicia de la isla, Dennise Longo, dijo que no tenía comentarios sobre el litigo, e indicó en un breve comunicado que la agencia aún no había visto la demanda.
La demanda es en nombre de dos periodistas puertorriqueños: Sandra Rodríguez, quien tiene un programa radial y un blog, y Rafelli González, un periodista independiente. Rodríguez es conocida por haber publicado las primeras 11 páginas de un chat privado entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló y otros funcionarios, lo que desató multitudinarias protestas que al final llevaron a Rosselló a renunciar.
González trabajó en artículos sobre un contrato que el gobierno puertorriqueño otorgó a Whitefish, una pequeña empresa radicada en Montana, tras el paso del huracán María en 2017. El contrato fue rescindido y el director de la compañía de electricidad de Puerto Rico renunció.
Los dos periodistas se oponen a dos cláusulas, una de las cuales tipifica como delito sonar la alarma sobre una emergencia inminente o esparcir rumores o falsas alarmas sobre “anormalidades no existentes” durante una emergencia. La otra cláusula considera un delito transmitir, o permitir a otra persona transmitir, “información falsa” sobre una declaración de emergencia, una declaración de desastre o la imposición de un toque de queda con fines de provocar confusión o pánico.
La demanda sostiene que las leyes de 2017 y 2020 son demasiado ambiguas, amplias y violan los derechos constitucionales a la libertad de expresión y libertad de prensa.
“El peligro obvio... es que las cláusulas impugnadas sean usadas para enjuiciar selectivamente a los que critiquen al gobierno y a sus funcionarios”, escribió la ACLU.
Aparte de eso, los dos periodistas sostuvieron en documentos judiciales que algunas fuentes se han negado a darles información en días recientes, por temor a ser enjuiciados.
Es una preocupación que González también tiene: “Incluso cuando puedo confirmar la existencia de un contrato sospechoso a través de dos fuentes independientes, temo que podríamos ser enjuiciados... porque el gobierno no ha confirmado la existencia del contrato”.
