Polar cuestiona retorno al control de precios en Venezuela
CARACAS (AP) — Alimentos Polar, la mayor fabricante de alimentos de Venezuela, afirmó el miércoles que no es viable el restablecimiento de los controles de costos y descartó haber acordado precios de sus productos en abierto desafío al gobierno de Nicolás Maduro, que desde la semana pasada restauró los controles en un intento por contener la desbocada inflación que ha desatado protestas y saqueos de comercios en los últimos días.
La compañía, que forma parte del conglomerado de Empresas Polar, cuestionó la decisión del gobierno de retornar al mecanismo de fijación de precios, y dijo en un comunicado que esa política representa un “obstáculo para mantener la continuidad operativa”.
“La empresa no ha acordado precios de sus productos, pues eso haría inviable sus operaciones, poniendo en riesgo el abastecimiento de los alimentos que produce y la preservación de la fuente de empleo”, expresó en respuesta al anuncio que realizaron el lunes las autoridades de que se había llegado a un acuerdo con empresarios sobre una lista de “precios acordados” para 27 rubros que comenzó a regir esta semana.
Alimentos Polar sostuvo que el retorno a los controles de precio “no dará solución a los problemas económicos” que enfrenta la nación suramericana y recordó que la aplicación de esas políticas en el pasado sólo trajo la “limitación de la oferta de productos en el mercado y la inviabilidad económica de muchas empresas”.
Los principales gremios empresariales y analistas también han cuestionado la decisión del gobierno de regresar a la política de los controles de precios y han advertido que esas acciones profundizarán la crisis económica, la hiperinflación, y generarán nuevos problemas de escasez de alimentos y otros bienes.
El gobierno de Maduro restableció a finales de la semana pasada los controles de precio luego de más de un año de flexibilizar las regulaciones.
El endurecimiento de las políticas coincidió con una serie de protestas callejeras y saqueos a comercios que ocurrieron en algunos puntos del centro y oriente del país en rechazo al alza de los precios de los productos que se han desbordado en el último mes en medio de la cuarentena que impusieron las autoridades por la pandemia del nuevo coronavirus y que mantiene paralizada la mayoría de las actividades económicas.
“Preparemos un plan... tan radical como el que hemos aplicado para ir a la cura, a la sanación de esta economía que hay en Venezuela, de guerra”, dijo el martes el gobernante izquierdista al advertir que vendrá un endurecimiento de las políticas de controles.
Las autoridades anunciaron el 24 de abril la ocupación por seis meses del Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), que opera en el centro del país, y se impuso la “venta supervisada” de productos en Alimentos Polar, la fabricante de embutidos Plumrose, y un matadero del estado central de Aragua.
Durante 2019, el gobierno moderó los controles de precio y de cambio estimulando así el crecimiento de las importaciones privadas, que eran financiadas por los empresarios, situación que contribuyó a aminorar la escasez de algunos alimentos y bienes básicos.
En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, que ha dejado 319 contagiados y 10 fallecidos hasta la fecha, los precios de los alimentos y otros bienes han sufrido una fuerte aceleración debido en parte al salto de 210% que tuvo este mes la tasa de cambio del mercado negro, que ronda los 180.000 bolívares por dólar, y los problemas de distribución de los alimentos generados por la escasez de combustible que han encarecido los costos de transporte.
La inflación alcanzó en marzo 13,3% lo que llevó la tasa acumulada del primer trimestre a 124%, anunció el viernes el Banco Central de Venezuela.
Desde hace dos años la nación suramericana está sumergida en un proceso de hiperinflación que ha complicado la crisis económica y social y ha llevado a que uno de cada tres venezolanos enfrenten dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios, según reveló un informe de febrero del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
En un intento por compensar el impacto de la paralización económica, el gobierno de Maduro comenzó a repartir bonos a los trabajadores formales e informales por un monto equivalente a los dos dólares y elevó esta semana el salario mínimo a un monto equivalente a 4 dólares, que ya resultan insuficientes ante el avance de la hiperinflación.
