Por virus, podrían excarcelar a violadores de DDHH en Chile

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Una fuerte controversia se desató en Chile tras la arremetida de senadores oficialistas que buscan incluir a los criminales de lesa humanidad entre los favorecidos por un proyecto de ley que pretende que unos 1.300 presos comunes continúen sus condenas bajo arresto domiciliario para evitar el contagio con el coronavirus.

“En estricto rigor podrían salir todos en libertad”, dijo a The Associated Press Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, en alusión a unos dos centenares de reos distribuidos en dos cárceles especiales para violadores a los derechos humanos.

La dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) dejó poco más de 40.000 víctimas entre asesinados, torturados y desaparecidos durante un cruento régimen militar que además envió a millares de opositores al exilio, sin contar a los que optaron por emigrar porque sus vidas corrían peligro.

La presión de la mayoría de los legisladores conservadores llevó al presidente Sebastián Piñera a reactivar un proyecto de “ley humanitaria”, paralizado hace dos años en el Congreso, que busca enviar a sus domicilios a los violadores a los derechos humanos mayores de 75 años y a los enfermos con patologías terminales.

“La vejez no borra la barbarie que ellos cometieron”, dijo el lunes Roberto Márquez, folclorista y activista de derechos humanos durante una rueda de prensa en línea junto a Pizarro.

Piñera agudizó la controversia en una entrevista el fin de semana con la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel), al señalar que “yo creo que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa”.

"Yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad, todos tenemos derecho a una muerte con dignidad", añadió.

La senadora de oposición Yasna Proveste dijo que “no podemos dejar espacio para que aquellos que fueron condenados por delitos de lesa humanidad tengan posibilidad alguna de acogerse a un indulto por cualquier sea su naturaleza”.

Los criminales de lesa humanidad viven en Colina I y en Punta Peuco, dos amplias cárceles exclusivas para ellos, donde no existe ningún grado de hacinamiento, con acceso a televisión, y a jardines con algunas carpas que los cubren del sol cuando, en ocasiones, realizan asados junto a sus familiares.

“En Punta Peuco no hay riesgo de contagio de coronavirus porque las condiciones son bastante privilegiadas”, afirmó el senador opositor Jaime Quintana.

En Chile la pandemia ya contagió a 4.800 personas, convirtiéndolo en el segundo país con más infectados en la región después de Brasil.

En el penal de Puente Alto, una barriada pobre en la periferia sur de la capital chilena, hay seis presos comunes contagiados y varios más esperan el resultado de sus exámenes. La semana última, decenas de reos protestaron al interior de la cárcel, mientras decenas de sus familiares se manifestaban en la calle.

Para aliviar en algún grado el grave hacinamiento de los penales, cuya población bordea las 40.000 personas, Piñera envió un proyecto de ley al Congreso para conmutar las condenas de unos 1.300 reos ancianos, mujeres embarazadas y enfermos terminales, por presidio domiciliario.

El proyecto fue aprobado, pero como no contaba con sanciones para quienes infringieran el arresto domiciliario, Piñera envió un veto aditivo para agregarlas, que es rechazado por la mayoría de los senadores oficialistas. Además, habrá que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.