Malasia detiene un barco con 202 refugiados rohinya

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — Las autoridades malasias detuvieron a 202 personas que se creía eran refugiados de la minoría musulmana rohinya después de que el barco en el que viajaban apareciera a la deriva el domingo por la mañana cerca de la isla turística de Langkawi, en el norte del país.

Los refugiados eran 152 hombres, 45 mujeres y cinco niños, según la capitán Zulinda Ramly, oficial marítima del Distrito Norte. Varios de los pasajeros dijeron a las autoridades que el capitán del barco y otras dos personas, que se creían estaban detrás de la operación de contrabando, escaparon cuando estaban en alta mar.

Las autoridades tomaron medidas de precaución para impedir contagios del nuevo coronavirus cuando procesaban a los detenidos, indicó Zulinda. Los refugiados fueron trasladados a la oficina marítima para más investigación antes de ser entregados al departamento de inmigración, añadió. No se dieron más detalles sobre el origen de los refugiados.

Más de 700.000 rohinyas huyeron a Bangladesh tras una campaña de contrainsurgencia del Ejército de Myanmar en el estado occidental Rakhine en respuesta a los ataques en 2017 por parte de un grupo insurgente rohinya. Bangladesh acoge ahora a más de un millón de refugiados, y los contrabandistas suelen atraer a los refugiados prometiéndoles una vida mejor en el extranjero.

Guardacostas bangladeshíes han detenido a cientos de personas que intentaban escapar de uno de los campos migrantes más grandes del mundo.

En febrero, 16 refugiados rohinya procedentes de un campo migrante en Bangladesh se ahogaron después de que el abarrotado barco que debía llevarlos a Malasia naufragara en la Bahía de Bengala. Con más de un millón de refugiados hacinados en el campo, el personal humanitario también teme un posible brote de coronavirus, aunque aún no hay casos confirmados.

Myanmar, un país de mayoría budista, considera desde hace tiempo que los rohinya son “bengalíes” de Bangladesh a pesar de que muchas de sus familias llevan generaciones en el país. A casi todos se les ha negado la ciudadanía desde 1982, lo que en la práctica les convierte en apátridas. También se les niegan la libertad de movimientos y otros derechos básicos.