ACLU demanda al gobierno de Puerto Rico por toque de queda

SAN JUAN (AP) — La Unión Americana de Libertades Civiles quiere una orden judicial para bloquear una parte del estricto toque de queda de Puerto Rico para combatir al coronavirus, bajo el argumento de que algunas de sus restricciones son inconstitucionales, mientras que la gobernadora impuso medidas aún más rigurosas que incluyen que toda persona que ingrese a un establecimiento esté obligada a utilizar una mascarilla.

El toque de queda impuesto el 15 de marzo ha obligado a cerrar los negocios no esenciales en el territorio estadounidense, a que la gente se quede en su casa de las 7 de la noche a las 5 de la mañana, y a que permanezca ahí incluso fuera de ese horario a menos que tenga que comprar alimentos o medicamentos, ir al banco, una emergencia o un problema de salud. Aquellos que quebranten el toque enfrentan una multa de 5.000 dólares o seis meses tras las rejas, y la policía ha detenido a cientos de personas.

“No se ha declarado una ley marcial, y no hay circunstancias para ello”, alegó la ACLU (por sus siglas en inglés). “Como tal, los estados de emergencia no se pueden utilizar para suspender los derechos fundamentales”.

Kelvin Carrasco, portavoz del Departamento de Justicia de Puerto Rico, dijo que por el momento no había comentarios al respecto.

Es la primera vez que la ACLU entabla una demanda en una jurisdicción estadounidense relacionada con un toque de queda para frenar la propagación del coronavirus. En un comunicado emitido el mes pasado, el organismo dijo que seguirá monitoreando el uso de los poderes de emergencia durante la pandemia de COVID-19.

“La historia nos enseña que nuestro gobierno es más propenso a cometer abusos en tiempos de crisis, y debemos asegurarnos de que los amplios poderes presidenciales no se usen indebidamente más allá de las necesidades legítimas”, señaló.

Puerto Rico ha reportado más de 470 casos confirmados de coronavirus, con 20 muertes, y muchos prevén que el toque de queda en la isla se extenderá.

La gobernadora Wanda Vázquez anunció regulaciones más estrictas para Semana Santa durante una conferencia de prensa el domingo por la noche en la que ella y otros funcionarios del gobierno utilizaron cubrebocas.

Vázquez dijo que prácticamente todos los negocios, incluyendo supermercados y bancos, deben permanecer cerrados durante los tres días entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, y que sólo se permitirá que operen las farmacias y las gasolinerías. Señaló que durante ese periodo se autorizará únicamente el desplazamiento de personas que requieran atención médica o un servicio esencial.

Además, Vázquez ordenó que, hasta nuevo aviso, los comercios prohíban la entrada de cualquier persona que no utilice algún tipo de cubrebocas. Dijo que los pañuelos alrededor del rostro son aceptables.

“Todavía no ha llegado el peor momento para Puerto Rico”, dijo el secretario de Salud Lorenzo González, quien advirtió que se espera que el número de casos alcance su cifra más alta entre mediados de abril y principios de mayo.

La orden ejecutiva del gobierno impide a la gente que no forma parte de un “núcleo familiar” juntarse para reuniones, fiestas u otras actividades. La querella de la ACLU interpuesta el sábado alega que el Estado no puede decidir quién forma parte de un núcleo familiar, ni determinar quién debería de ser echado o multado dentro de una vivienda.

La demanda nombra a tres puertorriqueños, quienes dicen que las excepciones a la prohibición son confusas y que temen ser detenidos cuando salen de sus casas todos los días para cuidar a sus madres ancianas, lo que incluye inyectarles insulina. Si bien la orden permite a la gente salir de sus hogares para emergencias y situaciones relacionadas con la salud, la ACLU alega que la orden es demasiado vaga y deja muchas interpretaciones en manos de los agentes de la policía, que no han sido informados debidamente.

“La orden (ejecutiva) pretende que los derechos constitucionales sean entregados al gobierno para que actúe a discreción, y eso es inaceptable. El gobierno no puede interferir en lo que respecta a con quién interactúa uno dentro del hogar ni definir cuál es el núcleo familiar de uno”, señala la querella.

Fermín Arraiza, director legal de la sección de la ACLU en Puerto Rico, dijo en una entrevista telefónica que otro problema es la creación de nuevos delitos menores, una acción que según la Constitución requiere la aprobación de la rama legislativa.

La ACLU interpuso la demanda en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.