EEUU acusa a Nicolás Maduro de narcoterrorismo

MIAMI (AP) — Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas, y tanto él como sus aliados robaron miles de millones de dólares al país sudamericano, afirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en varias imputaciones difundidas el jueves contra el mandatario socialista y sus allegados más cercanos.

La difusión coordinada de acusaciones formales en contra de 14 funcionarios y personas vinculadas al gobierno, así como recompensas por 55 millones de dólares en contra de Maduro y otras cuatro personas, atacaron todos los pilares de lo que el secretario de Justicia William Barr describió como el “corrupto régimen venezolano”, incluyendo las poderosas fuerzas armadas y el poder judicial, que están bajo dominio de Maduro.

Una de las imputaciones presentada por fiscales en Nueva York acusa a Maduro y a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, de asociarse con rebeldes colombianos y miembros del ejército “para inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “un arma en contra de Estados Unidos”.

Los actos criminales relacionados a la confabulación de drogas y armas, que se remontan al inicio de la revolución comandada por Hugo Chávez en 1999, ocurrieron en lugares tan remotos como Siria, México, Honduras e Irán, de acuerdo con la acusación formal. Barr calculó que el plan ayudó a contrabandear hasta 250 toneladas de cocaína al año provenientes de Sudamérica.

Maduro respondió acusando a Estados Unidos y Colombia de conspirar y de dar “la orden de llenar de violencia a Venezuela”. Dijo que el presidente estadounidense Donald Trump es un “vaquero racista” y advirtió que él está listo para pelear con los medios que sean necesarios si Estados Unidos y la vecina Colombia se atreven a invadir territorio venezolano.

Su más alto fiscal también anunció una investigación al líder opositor Juan Guaidó luego de que una de las personas nombrada en las acusaciones de narcotráfico, el general retirado del ejército Cliver Alcalá, dijera el jueves en una entrevista radiofónica que firmó un contrato con el líder opositor y sus “asesores” estadounidenses con el fin de comprar fusiles de asalto a Estados Unidos para un golpe de Estado contra Maduro. El equipo de Guaidó dijo que nunca se ha reunido con Alcalá, quien ha vivido en Colombia desde 2018 a pesar de que previamente había sido sancionado por Estados Unidos por narcotráfico.

“Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente”, tuiteó Maduro.

Al darse a conocer las imputaciones, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que su departamento ofrecería recompensas en efectivo a cambio de información que lleve al arresto o condena de Maduro y sus allegados, incluyendo recompensas de hasta 15 millones de dólares por el mandatario venezolano y de 10 millones para cada una de las otras cuatro personas.

“El régimen de Maduro está repleto de corrupción y delincuencia”, dijo Barr en una conferencia de prensa en línea desde Washington. “Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Y esto debe terminar”.

En Miami, fiscales anunciaron cargos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano Maikel Moreno por lavar en Estados Unidos al menos 3 millones de dólares obtenidos ilegalmente mediante el arreglo de casos en Venezuela, incluyendo uno sobre una planta de General Motors. Gran parte de ese dinero lo gastó en un avión privado, relojes de lujo y compras en Prada, aseguran los fiscales.

En una denuncia interpuesta en mayo de 2019 y desprecintada en Washington, se acusó al ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino, de asociación delictuosa para contrabandear narcóticos.

Las sorpresivas acusaciones en contra de un jefe de Estado en funciones son sumamente raras y sin duda incrementarán las tensiones entre Washington y Caracas en momentos en que el brote de coronavirus amenaza con hacer colapsar el sistema de salud de Venezuela y a su economía petrolera, la cual se encuentra sumida en una crisis por años de corrupción y por las sanciones de Estados Unidos. Maduro ha ordenado a los venezolanos que permanezcan en casa para contener la propagación del virus que, de acuerdo con las autoridades, ha infectado a 106 personas.

Los analistas dicen que las acusaciones podrían mejorar las aspiraciones de reelección de Trump en el crucial estado de Florida, mismo que ganó por un escaso margen en 2016 y donde muchos venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyen de regímenes autoritarios gozan de gran fuerza política.

Pero se desconoce cómo acercarían a Venezuela a poner fin a un enfrentamiento de 15 meses entre Maduro _quien cuenta con el apoyo de Rusia y China_ y Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos. También podría fragmentar la coalición que encabeza el gobierno estadounidense en contra de Maduro en caso de que sus aliados en Europa y Latinoamérica piensen que es un exceso por parte de Trump.

“Este tipo de acciones no ayudan a una solución negociada, que de por sí ya era complicada”, dijo Roberta Jacobson, quien se desempeñó como la diplomática de mayor rango del Departamento de Estado para América Latina hasta 2018.

Maduro, un exconductor de autobús de 57 años, dice ser un ícono de la izquierda latinoamericana. Desde hace tiempo ha acusado al “imperio” estadounidense de buscar cualquier excusa para asumir el control de las mayores reservas petroleras del mundo, y ha comparado su conspiración con la invasión a Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y que enfrentara cargos por tráfico de drogas en Florida.

Barr y Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, comandan la rígida postura estadounidense contra Maduro, de manera muy similar a como propugnaron por el derrocamiento de Noriega a finales de la década de 1980: Barr siendo un alto funcionario del Departamento de Justicia y Abrams en su papel de subsecretario de Estado para Latinoamérica.

Funcionarios estadounidenses también ven otras similitudes. Noriega transformó a Panamá en un paraíso para los violentos cárteles del narcotráfico internacional, mientras que el gobierno de Trump ha acusado a Maduro y a sus aliados de las fuerzas armadas de albergar a narcotraficantes, guerrilleros colombianos e incluso al Hezbollah, el cual ha sido designado grupo terrorista.

También han acusado a funcionarios gubernamentales y a empresarios bien relacionados de robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales, en su mayoría de la petrolera estatal PDVSA, que registra su producción más baja en siete décadas.

De cualquier forma, acusar a Maduro no fue sencillo. Por lo general, los líderes extranjeros en funciones gozan de inmunidad judicial de acuerdo con las leyes estadounidenses y las normas internacionales.

Pero Estados Unidos es uno de 60 países que ya no considera que Maduro sea jefe de Estado, a pesar de que permanece en el poder. En su lugar, reconoce a Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como el mandatario legítimo de Venezuela después de que la reelección del socialista en 2018 se vio manchada por acusaciones de fraude y por un boicot opositor.

Investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington recabaron la evidencia contra Maduro a lo largo de varios años, y fueron ellos quienes presentaron los cargos por narcotráfico, soborno internacional y lavado de dinero en contra de altos funcionarios venezolanos, miembros de las fuerzas armadas y empresarios vinculados al gobierno.

Muchas de esas investigaciones se han centrado en PDVSA, que es la fuente de prácticamente todos los ingresos por exportaciones en Venezuela. Estados Unidos sancionó el año pasado a la paraestatal petrolera, prohibiéndoles a los estadounidenses realizar acuerdos comerciales con la compañía.

Pero, para sorpresa de muchos, Maduro, quien fue elegido personalmente por Chávez como su sucesor, se ha aferrado obstinadamente al poder, resistiendo meses de manifestaciones callejeras el año pasado e incluso un levantamiento militar respaldado por Estados Unidos, mientras millones de venezolanos huyen del país a causa de la hiperinflación y la escasez generalizada de alimentos.

Al disiparse el apoyo a Guaidó en las calles, el gobierno de Trump subió la apuesta hacia finales del año pasado, al retirar su apoyo a las labores de mediación de Noruega y extender las sanciones para que incluso las compañías extranjeras sufrieran represalias por ayudar a Maduro.

Por separado, y en un llamado similar al del senador republicano Marco Rubio, Barr priorizó las investigaciones al círculo de allegados de Maduro, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato a fin de revelar las discusiones internas del Departamento de Justicia.

La presión por actuar, según las fuentes, se desbordó más o menos al mismo tiempo que Guaidó visitó Washington en febrero pasado, cuando Trump lo elogió en el discurso del Estado de la Unión al llamarlo “un hombre muy valiente, que lleva consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos”.

Pero la pandemia de coronavirus aplazó el anuncio, programado originalmente para el 16 de marzo, según las fuentes.

Probablemente el virus cause mayores distracciones en Washington y genere divisiones entre los opositores, algunos de los cuales han mostrado disposición para trabajar con Maduro para poner fin a la crisis de salud. También podría dar nueva vida al llamado del mandatario sudamericano para que Estados Unidos relaje sus sanciones, una idea con la que simpatizan varios aliados europeos.

Frank Mora, un exfuncionario del Pentágono, dijo que Estados Unidos está en lo correcto por condenar a Maduro y a otras personas por reprimir al pueblo, robar de las arcas del gobierno y convertir a Venezuela en un estado criminal.

Pero le preocupa que el objetivo de las acusaciones sea más el llegar a los votantes latinos en Florida que ayudar a atender la devastadora crisis en el país sudamericano.

“No vamos a ir allá a capturarlo”, dijo Mora, quien actualmente encabeza el instituto de estudios sobre Latinoamérica de la Universidad Internacional de Florida. “Esto no es sobre un cambio de régimen o restaurar la democracia en Venezuela. Es sobre política electoral”.

La arraigada división política en Venezuela quedó de manifiesto el jueves en las calles de Petare, un extenso barrio a las afueras de Caracas.

Un vendedor ambulante y férreo simpatizante de Maduro, Juvenal Montilla, de 60 años, dijo que las acusaciones estadounidenses eran sólo otro peligroso paso por parte de Trump.

“Estamos cansados ya de que Estados Unidos se esté metiendo a los países de todo el mundo sin que nadie le diga nada”, dijo Montilla.

En cambio, Gregorio Velásquez, un taxista de 40 años, dijo que estaría a favor de Washington o de cualquiera que pueda poner fin a todos estos años de gobierno socialista.

“No hay agua, no hay luz, no tienes comida. ¿Cómo sobrevive el venezolano en este mundo?”, se preguntó mientras hacía fila para cargar gasolina. “Maduro tiene que salir de inmediato”.

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Smith reportó desde Caracas. Los periodistas de The Associated Press Jim Mustian en Nueva York y Michael Balsamo y Matthew Lee en Washington contribuyeron a este despacho.