Fiscalía ecuatoriana pide máxima pena para Correa
QUITO (AP) — La Fiscalía General de Ecuador pidió el jueves la máxima pena prevista en la ley para el expresidente Rafael Correa y otros implicados en un caso de supuesta corrupción durante su gobierno.
“Sobre la base de las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas, se determinó que existió una estructura con niveles jerárquicos, líderes coordinadores y beneficiarios que utilizaban codificaciones y jerga criminal para el cometimiento del delito”, argumentó la fiscal general Diana Salazar en el alegato de cierre del proceso contra el exmandatario.
Según la Fiscalía Correa (2007-2017) y nueve de sus funcionarios exigían dinero o el pago de facturas del partido de gobierno a empresas privadas a cambio de contratos para que realizaran obras públicas.
Salazar consideró que el exmandatario tuvo “dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura, así como (fue) beneficiario de los sobornos”.
La fiscal pidió para Correa y los exfuncionarios ocho años de prisión, la enajenación de sus bienes, una reparación al Estado por el triple de los sobornos recibidos más el valor de los contratos obtenidos con sobornos (estimados en unos 1.130 millones de dólares) y que presenten disculpas públicas.
De acuerdo con la legislación ecuatoriana el cohecho, para quien lo da o recibe, tiene una pena máxima de prisión de ocho años.
“Es increíble a lo que se atreve esta mujer, sin prueba alguna. Felizmente lo único que supera su mala fe es su ineptitud”, publicó Correa en su cuenta en Twitter.
Los abogados de los acusados han negado la comisión de cualquier delito y han señalado a la exasesora de Correa, Pamela Martínez -testigo de la fiscalía y delatora en el caso- como la única responsable del pedido de sobornos y el destino de ese dinero.
Tras dejar el poder en mayo de 2017, Correa se radicó en Europa junto a su familia, desde donde vio surgir las denuncias de corrupción y malversación de fondos públicos durante sus dos mandatos.
Además pesan en su contra una decena de quejas judiciales por supuesta vulneración de derechos humanos, entre otros delitos.
