Presidente de Guatemala avala ley que pretende controlar ONG

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció el jueves que sancionó y avaló una polémica Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo que pretende controlar financieramente a las organizaciones y da potestad al Ejecutivo para que pueda autorizar o cerrar las ONG que estime puedan alterar el orden público.

“La Contraloría (General de la Nación) ha dicho que hay escasos mecanismos de fiscalización hasta hoy (sobre los fondos públicos de ONG)”, dijo Giammattei.

Al anunciar la decisión, el presidente citó investigaciones que varios medios de comunicación hicieron sobre el uso de políticos y diputados de algunas ONG para corrupción.

Tras la sanción la ley será publicada en el Diario Oficial y entrará en vigencia.

“No estoy en contra de las ONG”, dijo Giammattei al anunciar su decisión.

El presidente argumentó que para avalar la ley consultó “a título personal” sobre un tema público a varios expertos constitucionalistas sin revelar sus nombres.

La polémica ley fue aprobada por el Congreso a principio de mes. Varios diputados denunciaron que el oficialismo aliado con otros partidos políticos sometió la discusión de la ley sin que ésta hubiera sido previamente consensuada con todos los partidos representados en el Congreso.

Con la ley se normaría la constitución, inscripción, reglamentación, funcionamiento, fiscalización, control y liquidación de las ONG.

Edie Cux, presidente de la ONG Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional para Guatemala dijo a la AP que hay preocupación. “La ley, como fue aprobada en el Congreso, lleva varios vicios que podrían ser inconstitucionales, como la violación a la libertad de asociación, a manifestación, expresión, vulnera esos derechos humanos”, dijo.

El activista explicó que la normativa es “mucho más de control y criminalización de la protesta y los dirigentes de organizaciones”, pues habla de que se pueden cancelar y cerrar ONG que alteren el orden público pero no deja claro cómo y quién decide cuando hay desorden público. “También va dirigida contra las ONG que ejercen presión al presentar denuncias, fiscalizar y hacer auditoria social”.

Uno de los cambios más polémicos de la ley es el que establece el financiamiento de las ONG y que dice que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”. Agrega que, de darse ese caso, la organización sería inmediatamente cancelada y sus directivos podrían ser sometidos a cargos penales y civiles.

Varios funcionarios estadounidenses, entre ellos Michael G. Kozak, Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, habían solicitado públicamente a Giammattei vetar la ley por temor que ésta impusiera requisitos “onerosos” a las ONG en Guatemala, que desempeñan un papel clave en el funcionamiento de las democracias y ayudan a fortalecer las instituciones democráticas.

Al respecto, el presidente respondió: “¿Por lo que opinen afuera me tiene que temblar las patas?”.