Juez falla a favor de migrantes contra Patrulla Fronteriza

PHOENIX (AP) — Las condiciones en la mayoría de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Arizona son represivas e inconstitucionales, afirmó el miércoles un juez federal mientras dictaba un fallo en favor de los migrantes que desde hace tiempo se quejan de condiciones inhumanas e insalubres en los centros de detención.

El fallo fue emitido semanas después de que concluyó un juicio de siete días en el que los abogados de los migrantes que interpusieron una demanda en 2015 argumentaron que la agencia los retiene en celdas extremadamente frías, hacinadas, insalubres e inhumanas.

La orden vuelve permanente un interdicto preliminar emitido por el juez de distrito David C. Bury en 2016 que obliga al Sector Tucson a proporcionar colchones limpios y frazadas a los migrantes que son detenidos durante más de 12 horas y a que se les permita asearse.

Le prohíbe también a la agencia mantener detenidos a migrantes más de 48 horas si ya fueron registrados, lo cual suele ocurrir cuando otras dependencias involucradas en la detención de migrantes, como es el caso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), no cuentan con la capacidad para recogerlos en un tiempo razonable.

Bury también prohibió que se utilicen los baños como dormitorios, lo cual salió a la luz durante el juicio de este año, cuando se mostró un video de un hombre que intentaba utilizar los sanitarios, pero no pudo hacerlo porque había migrantes durmiendo ahí.

“El fallo de hoy es un tremendo triunfo para las comunidades de todas partes que combaten con valentía para defender la dignidad humana y los derechos establecidos en nuestra constitución”, dijo Alvaro M. Huerta, abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias, en un comunicado.

El centro fue uno de los grupos activistas que presentó el caso. Fue llevado a la corte por abogados del despacho Morrison & Forester.

“Nos entusiasma que nuestro sistema judicial haya intervenido de forma significativa para instituir un cambio muy necesario y hacer que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) rinda cuentas”, dijo Huerta.

La CBP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su orden, Bury dijo que no hay evidencia de que la CBP intente crear condiciones de castigo, pero que la agencia ha estirado sus recursos para “proporcionar las mejores condiciones de confinamiento disponibles de acuerdo a las circunstancias”.

Aunque la demanda precede al incremento en la llegada de migrantes del año pasado, también ilustra algunos de los desafíos que surgen cuando los migrantes son detenidos, en especial si son menores de edad. Reportes de condiciones deplorables surgieron en distintas partes de la frontera de Texas el año pasado, donde miles de inmigrantes — en su mayoría familias — ingresaron desde México. En El Paso, una inspección realizada por un grupo de monitoreo interno del gobierno en mayo pasado encontró a 900 personas dentro de una instalación con capacidad para 125.

En su orden del miércoles, Bury escribió que la Patrulla Fronteriza y sus agencias matrices, o los acusados en el caso, “administran un sistema de detención que priva a los detenidos, quienes son mantenidos en las estaciones de la CBP del Sector Tucson durante más de 48 horas, de las condiciones de confinamiento a la altura de las necesidades humanas básicas”.

Las condiciones a las que los migrantes —quienes son considerados detenidos civiles, no penales— quedan sujetos después de las primeras 12 horas son “presuntamente punitivas y violan la constitución”, y son mucho peores que las de una cárcel penal, escribió el juez.

Bury ha expresado abiertas críticas contra la agencia, diciendo que ha hecho poco por resolver los problemas, en especial los de hacinamiento y la incapacidad de los migrantes para dormir.

“Nadie ha hecho nada, ¿Es por eso que una corte debe intervenir?”, preguntó Bury durante el último día del juicio el 22 de enero. “Parece que la falta de respuesta a estas cifras requiere de una orden judicial”.

Abogados del gobierno dijeron durante sus argumentos finales el mes pasado que los demandantes no demostraron que la agencia violaba algún derecho constitucional. Indicaron que muchas cosas están fuera del control de la agencia, como el hecho de que otras agencias involucradas en la detención de migrantes cuenten o no con la capacidad.

Sus instalaciones fueron fabricadas para la permanencia de adultos a corto plazo. Las celdas tienen formas extrañas, lo que reduce el espacio para acomodar las colchonetas en el piso. Por las noches, cuando los agentes arrestan a grupos numerosos, o cuando las otras agencias involucradas en labores migratorias no cuentan con la capacidad suficiente para acogerlos, las celdas alcanzan un hacinamiento extremo.

En un video presentado durante el primer día del juicio se ve a un hombre caminando encima de un cuerpo tras otro mientras intentaba llegar al baño. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que había personas durmiendo en todos los compartimientos.

Los migrantes han criticado desde hace tiempo las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, a las que popularmente se les llama hieleras. Y aunque el Sector Tucson no ha registrado los enormes números de migrantes que se han visto en otras partes de la frontera sureste, la cantidad de horas que los migrantes pasan en custodia en ese lugar continúa creciendo.

Alrededor de 12.000 personas permanecieron detenidas más de 72 horas en el Sector Tucson el año pasado, cerca del 20%. El tiempo promedio de custodia fue de casi 54 horas.

El viernes, otro juez federal falló en favor de los migrantes y en contra del gobierno. El juez declaró en desacato al gobierno después de que las autoridades deportaron a cinco jóvenes que intentaban permanecer en el país dentro de un programa para niños migrantes maltratados y desatendidos.