Congreso aprueba ley de control a ONG en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Congreso guatemalteco aprobó reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, que darán potestad al Ejecutivo para que pueda autorizar o cerrar las ONG que estime puedan alterar el orden público, lo que generó cuestionamientos.

Las reformas recibieron el aval legislativo la noche del martes, pero aún deben ser sancionadas o vetadas por el presidente Alejandro Giammattei, que asumió el poder en enero. Con éstas se normaría la constitución, inscripción, reglamentación, funcionamiento, fiscalización, control y liquidación de las ONG.

Uno de los cambios más polémicos es el que establece el financiamiento de las ONG y que dice que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”. Agrega que, de darse ese caso, la organización sería inmediatamente cancelada y sus directivos podrían ser sometidos a cargos penales y civiles.

Giammattei dijo el miércoles a periodistas que algunas ONG “han recibido recursos para hechos delictivos” y aunque no ofreció ningún detalle o prueba, afirmó que dichas denuncias han salido en la prensa. Agregó que está de acuerdo con la necesidad de ser claros con los fondos de las organizaciones --“todos queremos transparencia”-- pero no ahondó en las supuestas violaciones constitucionales que activistas ha denunciado sobre las modificaciones a la ley.

La activista Helen Mack, ganadora del premio alternativo para la Paz 2018 y fundadora de la Fundación Myrna Mack, aseguró que estas modificaciones no llevan buenas intenciones, pues a su criterio son “leyes autoritarias y represivas”.

“Afecta el tema de la libertad de asociación; quieren controlar a las organizaciones que les son molestas, a las personas que quieren manifestar; tenemos el derecho a la desobediencia civil, vamos a accionar legalmente”, advirtió la activista.

Mack refirió que la actual junta directiva del Congreso cuenta aún con algunos diputados de la legislación anterior que tienen influencia y que estaban interesados en aprobar las reformas.

Los cambios a la ley fueron propuestos en 2019 por diputados que no fueron reelectos en los pasados comicios, entre ellos Estuardo Galdámez, ahora prófugo de la justicia acusado de actos de corrupción.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo a The Associated Press que asesores jurídicos ya se encuentran estudiando los alcances de la ley y que en principio ésta es violatoria de la Constitución, especialmente en libertades como el derecho de asociación, la libre manifestación y la libre expresión del pensamiento.

“Recomiendo al presidente que haga uso de su privilegio de veto, lo cual sería muy valorado”, dijo Rodas.

La discusión de los cambios a la ley no había sido propuesta en la agenda consensuada semanalmente por los jefes de bloque del Legislativo, pero fue impulsada de último minuto en una enmienda por el diputado Felipe Alejos, quién también la leyó a una velocidad casi imperceptible y fue aprobada mayoritariamente en el Congreso.

Luis Rosales Marroquín, miembro de la junta directiva del Congreso, dijo a periodistas que no se estaba prohibiendo las ONG, sino que se buscaba fiscalizar sus recursos.