Ecuador: Inicia juicio al expresidente Correa por corrupción

QUITO (AP) — Los fiscales dieron inicio el lunes a lo que algunos califican como el juicio del siglo de Ecuador en contra del expresidente Rafael Correa y otros 20 políticos de alto rango y líderes empresariales acusados de operar una multimillonaria red de corrupción.

De ser declarado culpable, el hombre que llevó las riendas de Ecuador durante una década podría tener prohibido postularse para el cargo nuevamente, poniendo fin a uno de los legados políticos más largos y polémicos del país.

“Tiene una presencia de mucho peso en la política ecuatoriana”, comentó Simón Pachano, profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. “Por lo tanto, lo que suceda con él tiene mucha repercusión en lo que pasa en el país”.

El expresidente de 56 años está acusado de ser parte de una trama en la que empresarios extranjeros y locales hacían pagos en efectivo al partido político Alianza País, al que pertenece Correa, a cambio de lucrativos contratos de obras públicas. Los pagos supuestamente fueron realizados entre 2012 y 2016, años que coinciden con la época en que Correa fue presidente. El exmandatario rechaza las acusaciones, que vincula con una cacería de brujas motivada políticamente.

“Se trata del LAWFARE”, tuiteó Correa, utilizando el término en inglés para lo que se conoce como una guerra jurídica. “Objetivo: Impedirnos participar en próximas elecciones”.

Correa dirigió el país hasta 2017, en lo que fue un periodo de estabilidad y crecimiento económico impulsado por un auge en los precios del petróleo y préstamos de China que le permitieron expandir los programas sociales, construir carreteras, escuelas y otros proyectos que transformaron Ecuador. Sin embargo, gobernó con mano dura, silenciando o castigando a los críticos en los medios de comunicación, la oposición y el poder judicial, y en los últimos años, su legado se ha visto cada vez más manchado.

Ha peleado públicamente con su sucesor Lenín Moreno, elegido por él, a quien acusa de traicionar su “Revolución Ciudadana”, y fue investigado por el secuestro de un legislador de oposición en 2012. Sin embargo, se cree que Correa todavía tiene el apoyo de aproximadamente un cuarto de la población. Aunque no puede volver a postularse como presidente por los límites de términos, puede buscar un escaño en el Congreso.

“Aún no está muerto políticamente”, dijo Carlos de la Torre, director del Centro para Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Florida.

La fiscal general Diana Salazar inició el procedimiento en la Corte Nacional de Justicia con la descripción de una “estructura criminal” dentro de Alianza País. Operando con nombres clave, 11 funcionarios recibieron en conjunto un total de 7,7 millones de dólares por parte de 10 representantes de varias compañías, señaló la fiscal. Los fondos supuestamente fueron usados en actividades políticas, como publicidad, fiestas, campañas y seguridad privada.

“Traicionaron la confianza depositada en ellos por el pueblo ecuatoriano”, aseveró Salazar.

Aquellos que sean declarados culpables podrían ser sentenciados a entre tres y cinco años de prisión.

Fausto Jarrín, abogado de Correa, acusó a la corte de actuar sin el debido proceso de ley debido a que el juicio inició y está en curso pese a su solicitud para que tres jueces fueran retirados del caso. Correa se encuentra en un exilio voluntario en Bélgica, lugar de origen de su esposa. De momento no está claro si testificará, aunque la corte está permitiendo que varios de los acusados comparezcan a través de videos transmitidos en vivo.

Entre los otros acusados está Jorge Glas, exvicepresidente de Correa y quien actualmente cumple una sentencia de seis años por aceptar sobornos de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña en el centro del escándalo de corrupción más grande de la región. Odebrecht ha admitido haber pagado cerca de 800 millones de dólares en sobornos, gran parte de ello a funcionarios de Latinoamérica que recompensaron a la compañía con contratos de construcción.

El escándalo de Odebrecht ha puesto fin a la carrera de algunos de los políticos más importantes de América Latina y ha provocado un reconocimiento de la corrupción en el continente. Odebrecht no es mencionada en el caso actual contra Correa, aunque se señala un patrón similar de políticos que aceptaron sobornos a cambio de contratos.

Durante la sesión del lunes, Gabriela Moreira, abogada del empresario Pedro Verduga, quien es propietario de la compañía de construcción ecuatoriana Equitesa, dijo que una asesora de Correa, Pamela Martínez, había presionado a su cliente para que diera sobornos, amenazando con retirar pagos estatales en los contratos que se les otorgarían.

Además, un exsecretario judicial del gobierno de Correa publicó en Twitter documentos que muestran los pagos que realizó a Martínez.

“Esta es una práctica que ha habido no sólo en Ecuador, en casi todos los países de Latinoamérica”, dijo Pachano. “No justifica que se lo haga”.

El caso surge en momentos en los que el presidente de Ecuador tiene problemas para avivar una economía tibia. Moreno sigue en una posición expugnable tras las violentas protestas que se registraron durante dos semanas el año pasado. Las manifestaciones fueron desatadas por la abrupta decisión de Moreno de poner fin a los subsidios para la gasolina y concluyeron luego de que llegó a un acuerdo con los líderes indígenas para cancelar un paquete de austeridad que era respaldado por el Fondo Monetario Internacional.

Aunque el juicio podría terminar con las aspiraciones políticas de Correa, también existe la probabilidad de que pueda encontrar una manera de forjar un nuevo camino a seguir.

Si el juicio se prolonga, podría coincidir con las campañas para las elecciones del próximo año. Si Correa anuncia que se postulará para un cargo legislativo, podría recibir inmunidad parlamentaria, protegiéndolo de un juicio, señalaron analistas.

“Si es declarado culpable, no podrá regresar como político a Ecuador”, comentó De la Torre. “Siento que eso será lo que ocurra a Correa”.

En las calles de Quito, algunos ecuatorianos como María de Lourdes Tipán, de 34 años, que es mensajera, dijeron que les costaba creer que Correa sea responsable directo de cualquier soborno durante su gobierno.

“Deberían castigar a los que se robaron la plata y no a un hombre que hizo tanto por los pobres”, afirmó.

Otros mostraron una posición crítica.

“Correa ahora es sinónimo de coima, y eso es muy grave para un país, que la imagen de Ecuador quede tan empañada por un gobierno de ladrones”, declaró Juan Rodríguez, estudiante universitario de 21 años.

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Armario informó en Bogotá.