AP EXPLICA: ¿Qué hay tras la crisis política en El Salvador?

SAN SALVADOR (AP) — El Salvador vivió el domingo un enfrentamiento entre dos poderes del Estado.

El presidente Nayib Bukele convocó a una sesión extraordinaria en el Congreso para pedir a los legisladores la aprobación de un préstamo que le permitiría fortalecer su estrategia de combate a las pandillas, pero sólo 22 de 84 diputados se presentaron y la propuesta no tuvo apoyo.

Las críticas a Bukele iniciaron porque el mandatario acudió al Legislativo acompañado de policías y militares que entraron al recinto y rodearon las zonas aledañas. La medida se interpretó como presión a los legisladores y el tema es delicado en un país que padeció más de una década bajo control militar.

A continuación, un vistazo a lo ocurrido y lo que podría implicar para el país.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LOS PODERES DEL ESTADO?

En el país existen tres poderes --Legislativo, Ejecutivo y Judicial-- y todos son autónomos.

Según el artículo 86, el poder público emana del pueblo y los órganos de gobierno sólo pueden ejercer poder dentro de lo que les compete. Sus atribuciones no pueden delegarse, pero sí pueden colaborar entre sí en favor de la población.

¿CUÁL ES EL CONTEXTO HISTÓRICO QUE ACTIVÓ LAS ALARMAS POR LOS MILITARES?

Entre 1976 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil donde se registraron miles de violaciones a los derechos humanos y se atribuyen a militares que actualmente siguen siendo investigados.

Durante aquel periodo se suscitaron matanzas extrajudiciales. Víctimas de masacres como la de El Mozote --perpetrada por soldados en 1981 y que dejó casi mil campesinos muertos-- aún reclaman justicia.

La guerra mató a unas 75.000 personas y dejó miles de desaparecidos.

¿CUÁLES FUERON LAS REACCIONES A LAS ACCIONES DEL PRESIDENTE ANTE EL CONGRESO?

Si bien hay simpatizantes de Bukele que apoyan su lucha de combate a las pandillas, dentro y fuera de El Salvador se criticó la presión ejercida a uno de los poderes del Estado y la vulneración a la institucionalidad salvadoreña.

Jeannette Aguilar, académica especializada en temas de seguridad y violencia, dijo a la AP que el domingo “se estuvo al borde de un quebrantamiento del orden constitucional propiciado por el mismo presidente de la República”, mientras que Amnistía Internacional difundió en un comunicado que “la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos del país”.

¿CÓMO RESPONDIÓ BUKELE A LA NEGATIVA DEL CONGRESO DE APOYARLO?

Tras salir ante sus simpatizantes, dio un ultimátum a los legisladores y dijo que de no cumplir con lo que pide, volvería a convocarlos a una sesión extraordinaria amparado den el artículo 167 de la Constitución.

¿CÓMO PROPONE EL CONGRESO ENFRENTAR LA PRESIÓN DEL PRESIDENTE?

La primera decisión de los legisladores fue suspender sus actividades del lunes, por lo que ni siquiera se abrió la puerta a discutir el préstamo que exige el presidente.

Después de una encerrona de la Comisión Política y la junta directiva, el presidente del Congreso, Mario Ponce, dijo que: “no es posible que después de los Acuerdos de paz hayan invadido el Órgano Legislativo” y condenó lo que llamó “la invasión de que fuera víctima el día domingo 9 de febrero”.

Más tarde, convocó a una sesión extraordinaria para discutir lo que harán. Entre otros temas se podría abordar la posibilidad de interpelar a los ministros de Defensa y Justicia y Seguridad Pública, así como la destitución del director de la Policía Nacional Civil.

¿CÓMO HAN REACCIONADO OTROS PODERES ANTE LO OCURRIDO?

El lunes por la tarde, la Corte Suprema de Justicia difundió en Twitter una resolución en la que ordenó a Bukele que se abstenga de hacer uso de la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo.

También exigió al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados.

Bukele reaccionó en un tuit en el que escribió: “El sistema se auto protege”.

¿QUÉ ESTÁ EN RIESGO EN CASO DE QUE EL PRESIDENTE DECIDA CONTINUAR PRESIONANDO AL LEGISLATIVO?

Juan Carlos Fernández Saca, decano de la Facultad de Posgrados de la Universidad José Matías Delgado, dijo a la AP que peligra “la institucionalidad del país y la estabilidad de toda la nación”.

Según el analista, “si bien es cierto el Ejecutivo tiene razón en pedir apoyo para el combate contra la delincuencia, me parece que el mecanismo empleado para presionar a los diputados no es el idóneo, porque pone en riesgo la institucionalidad y la Constitución del país”.

¿QUÉ HA LOGRADO EL PRESIDENTE HASTA EL MOMENTO CON SU ESTRATEGIA DE COMBATE A LAS PANDILLAS?

González Saca afirmó que “el principal logro del gobierno ha sido la disminución considerable de los homicidios y la población mira con buenos ojos el Plan Control Territorial, pero este logro importante que tuvo el presidente Bukele no debe de verse perjudicado por acciones que pueden dañas la Constitución y la institucionalidad del país”.

Las maras o pandillas salvadoreñas están integradas por más de 65.000 jóvenes y adultos, en su mayoría miembros de la MS 13, que operan en barrios populares y suelen involucrarse en actividades de narcotráfico, extorsión y crimen organizado.

El Salvador suele ser considerado uno de los países más violentos del mundo, pero a pocos meses de la llegada de Bukele al poder, el gobierno dijo haber registrado una reducción histórica en los homicidios. En noviembre pasado, cuando presentó su última actualización, Bukele dijo que octubre fue el mes más seguro desde la firma de los acuerdos de paz de 1992, con 112 homicidios en el mes y un promedio de 3,6 muertes diarias. Señaló que en abril de 2012 se registraron 142 homicidios. El número se redujo hasta agosto de 2019, cuando bajó a 130 y se consideraba el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz

Cuando Bukele fue juramentado el 1 de junio, se registraba un promedio de 9,2 homicidios diarios y en el primer mes de su mandato bajó a 7,7. Al cumplir sus primeros 100 días, la cifra se ubicaba en 5,9.

El mandatario atribuye la reducción de homicidios a un despliegue de policías y militares por todo el país.