El Salvador: Intensa fricción entre Bukele y diputados

SAN SALVADOR (AP) — Los constantes choques entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la bancada opositora de la Asamblea Legislativa parecen haber alcanzado un punto crítico luego de que los diputados se negaran a discutir un millonario préstamo para combatir la delincuencia.

El mandatario, que había amenazado con la insurrección del pueblo para restablecer el orden constitucional, fijó un ultimátum de una semana, mientras algunos de sus simpatizantes insistían en ocupar el edificio.

Bukele, que llegó a la Asamblea Legislativa como había prometido, dio un emotivo discurso ante cientos de seguidores que estaban listos para sacar por la fuerza a los diputados. Pero después de orar en el salón azul, que se encontraba prácticamente tomado por los militares y policías, salió a la calle y pidió paciencia.

Cientos de personas, muchas de ellas con gorras celestes _ el color del partido Nuevas Ideas de Bukele _ tomaron las calles aledañas al palacio legislativo y pareciera que únicamente esperaban la orden, que nunca llegó, de irrumpir en el edificio.

María, de unos 50 años y proveniente de San Vicente, en la zona central del país, portaba un cartel con un claro mensaje de repudio a los diputados: “mil veces malditos”. En tanto, un hombre levantaba orto cartel en el que se leía: “Nayib, no estás solo”.

El mandatario dijo que el pueblo salvadoreño, sus adversarios, la comunidad internacional, la fuerza armada y la policía, así como todos los poderes facticos del país, saben que “si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón” y los sacamos.

“Pero yo le he preguntado a Dios y Dios me dijo, paciencia, paciencia, paciencia, el 28 de febrero (de 2021 cuando se celebren las elecciones municipales y legislativas), todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera”, añadió el mandatario.

Bukele dijo que según las encuestas su partido Nuevas Ideas tendría mayoría en la nueva Asamblea Legislativa, por lo que no existe necesidad de entrar por la fuerza.

Para cerrar su discurso, Bukele advirtió que “si estos sinvergüenzas no lo aprueban (el préstamo para), el Plan Control Territorial, los volvemos a convocar aquí el domingo”.

Poco a poco los simpatizantes fueron abandonado el lugar, pero algunos también se marcharon advirtiendo que regresarán y gritaban “la próxima los sacamos”.

Al conocer la decisión del mandatario, el analista político Julio Valdivieso, expresó su satisfacción: “Creo que reflexionó a último momento y ha dado un espacio para el entendimiento”.

Pero Valdivieso también pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia para definir las competencias constitucionales y evitar más choques entre los diputados y Bukele.

Amnistía Internacional alertó sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad, mientras que la Unión Europea llamó a resolver la situación de “forma satisfactoria y pacífica”.

“El ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador, y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país”, indicó Amnistía Internacional en un informe de prensa.

Agregó que la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa “podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos den el país”.

Amparándose en la Constitución, el Consejo de Ministros del gobierno de Bukele convocó a la Asamblea Legislativa a una reunión extraordinaria para analizar la aprobación del préstamo, pero los diputados rechazaron el llamado, declarándolo improcedente.

En respuesta, Bukele invocó el artículo 87 de la carta magna que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, “para el solo objeto de restablecer el orden constitucional”, y convocó a la población a reunirse el domingo en la tarde frente al palacio legislativo.

La tensión se incrementó el sábado por la noche luego de que unos pocos diputados atendieran la convocatoria de una sesión extraordinaria realizada por el presidente del parlamento, Mario Ponce, a fin de tratar de aprobar el préstamo de 109 millones de dólares que Bukele considera urgente para implementar la tercera fase de su plan de seguridad.

El dinero se usaría para la compra de helicópteros, patrullas, uniformes, equipos de visión nocturna para los policías y un buque de búsqueda y rescate, al igual que un moderno sistema de videovigilancia.

“El orden constitucional aún no se ha roto, la convocatoria está vigente y la plenaria debe de realizarse el domingo a las 3 de la tarde. Si los diputados no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución”, afirmó el mandatario en Twitter.

El gobierno movilizó a la policía y a los militares, y desde el sábado acordonó la zona donde se ubica el palacio legislativo. Los diputados opositores han denunciado acoso cerca de sus hogares.

En pronunciamientos separados, la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil reiteraron su lealtad a Bukele.

Entretanto, el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que anunció que no votaría a favor de la petición del gobierno, pidió al secretario general de la OEA que active los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democrática Interamericana para evitar el rompimiento del orden constitucional en El Salvador y “se actúe para suspender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso”.

Por su parte, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el que alguna vez militó Bukele, emitió un comunicado en el que le exigió al mandatario “frenar sus amenazas, propias de una dictadura. Los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país, pero también para él”.

La Asamblea Legislativa está integrada por 84 diputados, de los cuales Arena tiene la mayoría con 37 y el FMLN 23, y con ellos controlan las decisiones en ese órgano.

Arena y el FMLN se han negado a dar los votos para este préstamo, pese a que sólo sería el primer paso en el que únicamente se autorizaría al gobierno a negociarlo. Posteriormente sería necesaria su ratificación con un mínimo de 65 votos.