Gobierno descarta visita de CIDH a Venezuela
CARACAS (AP) — Las autoridades venezolanas descartaron el viernes que vayan a permitir la visita la próxima semana de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) auspiciada por el líder opositor Juan Guaidó, quien se mantiene desde hace dos semanas fuera del país cumpliendo una gira internacional en medio de una escalada de las tensiones políticas.
“Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH”, afirmó en su cuenta de Twitter el canciller Jorge Arreaza, y agregó que la visita anunciada por los medios “no está autorizada”.
La decisión del gobierno venezolano fue ratificada en una misiva que envió a inicios de semana el agente del Estado ante el sistema internacional de derechos humanos, Larry Devoe, al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, en la que expresó que en abril pasado entró en vigencia la salida del Venezuela de la OEA, con lo que se “desconoce” las actuaciones de la organización y de la comisión de derechos humanos.
El viaje de la CIDH a Venezuela fue anunciado por la oficina de prensa del líder opositor, que difundió una comunicación que envió en diciembre Abrao al representante de Guaidó en la OEA, Gustavo Tarre Briceño, sobre las facilidades y garantías que requerían para la visita.
La mayoría opositora del Congreso aprobó en enero de 2019 la adhesión de Venezuela a la organización y declaró que era “jurídicamente inexistente” la denuncia que hizo el gobierno de Nicolás Maduro de la carta de la OEA.
Las tensiones políticas se elevaron en enero luego de que las fuerzas de seguridad impidieran a Guaidó y a un grupo de opositores el ingreso al palacio legislativo y se juramentó una directiva paralela en el Congreso integrada por disidentes del bloque opositor.
Por su parte, la mayoría opositora reeligió a Guaidó como jefe del Legislativo y lo ratificó como presidente interino de Venezuela por un año más. Tras esos incidentes las fuerzas de seguridad han impedido a la mayoría opositora ingresar a las oficinas administrativas de Congreso y la policía política tomó unas oficinas privadas del líder opositor.
