HRW: Grupos armados operan en frontera Colombia-Venezuela

BOGOTÁ (AP) — Grupos armados ilegales operan prácticamente impunes en la frontera entre Colombia y Venezuela, y los civiles sufren las consecuencias, afirmó Human Rights Watch el miércoles.

Los investigadores señalaron en un reporte que encontraron evidencia creíble de que las fuerzas de seguridad de Venezuela están coludidas con grupos armados colombianos que han instalado campamentos del otro lado de la frontera, a donde trasladan a víctimas de secuestro para trabajos forzados.

“Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera”, dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para el continente americano.

La frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en un foco de tensiones en momentos en los que miles de migrantes huyen del país, los grupos armados ilegales florecen y se trafican drogas, combustibles y otros productos.

Los detractores del presidente venezolano Nicolás Maduro – incluyendo al gobierno estadounidense – han acusado al mandatario de permitir que rebeldes colombianos y otras milicias operen en su territorio.

Maduro refuta las acusaciones, aunque grupos venezolanos por los derechos humanos reportan a menudo la presencia de grupos armados colombianos en la zona fronteriza.

Investigadores de HRW entrevistaron a varios colombianos que aseguran que fueron secuestrados por grupos como el Ejército de Liberación Nacional en la provincia de Arauca, en el este del país, y trasladados a Venezuela.

En Arauca, los rebeldes imponen toques de queda y establecen reglas para el pago de deudas, horarios de cierres de bares y otros asuntos.

En algunas zonas, los combatientes prohíben que los motociclistas utilicen casco, para facilitar que los rebeldes identifiquen a los conductores.

A pesar del histórico acuerdo de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los habitantes de Arauca aún no han visto beneficios esa paz.

El número de homicidios en la región aumentó de 96 en 2015 a 160 en 2019, según datos del gobierno reflejados en el reporte. Al menos 16 de los cuerpos de civiles que se encontraron en Arauca el año pasado estaban acompañados de una nota en la que anunciaban la “justificación” de su muerte. Algunas de las víctimas fueron acusadas de ser “informantes”, mientras que otros fueron señalados de ser “violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”.

Human Rights Watch destacó que, en Arauca, los soldados se dedican generalmente a proteger la infraestructura petrolera, que sufre frecuentes ataques rebeldes.

En algunas partes de la provincia, la presencia del Estado es nula o mínima.

Camilo Espinel, quien trabaja en un concejo ciudadano de Arauca, dijo que los líderes políticos y sociales como él sufren amenazas constantes, dificultando su trabajo. Al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2019, según Naciones Unidas, que describió el saldo como una “cifra alarmante”.

Espinel dijo que un grupo conocido como Águilas Negras lo amenazó en un panfleto en mayo pasado, mientras iniciaba su campaña. Las autoridades eventualmente le proporcionaron seguridad personal, unos seis meses después de la amenaza inicial.

Dijo que a pesar de que existió una calma relativa tras la firma del acuerdo de paz de 2016, la situación en Arauca se deterioró a medida que se organizaron las guerrillas disidentes y se cayeron las negociaciones preliminares con el Ejército de Liberación Nacional.

“En esas confrontaciones, la población civil sufrimos”, declaró.