Comisión Myanmar: Ejército pudo cometer crímenes de guerra
NAYPYITAW, Myanmar (AP) — Una comisión independiente establecida por el gobierno de Myanmar concluyó que existen razones para creer que las fuerzas de seguridad cometieron crímenes de guerra en operaciones de contrainsurgencia que llevaron a más 700.000 musulmanes rohinya a huir a la vecina Bangladesh.
El grupo, que está encabezado por una diplomática filipina, no halló sin embargo evidencias que respalden la acusación de se planeó o se llevó a cabo un genocidio contra los rohinya, según el reporte entregado el lunes al presidente, Win Myint.
La Comisión de Investigación Independiente anunció sus conclusiones en un comunicado publicado en su página de Facebook y parece que el informe al completo no se hizo público. Pese a esto, fue más allá que cualquier otro comunicado público del gobierno de Myanmar al sugerir que las fuerzas gubernamentales eran culpables de importantes abusos.
“Aunque estos graves crímenes y violaciones fueron cometidos por múltiples actores, existen motivos razonables para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad de Myanmar estuvieron implicados” en delitos de guerra, violaciones graves de los derechos humanos y violaciones de la legislación nacional en 2017, señaló.
“El asesinato de aldeanos inocentes y la destrucción de sus viviendas fueron cometidos por algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Myanmar a través de un uso desproporcionado de la fuerza durante el conflicto armado interno”, agregó el comunicado.
Las conclusiones de la comisión se dieron a conocer antes de una decisión del máximo tribunal de Naciones Unidas, prevista para el jueves, sobre una petición de que se ordene a Myanmar que detenga lo que se ha calificado de campaña genocida contra los rohinya. Gambia, en nombre de los 57 miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, alegando que el genocidio ocurrió y continuaba.
La secretaria de Estado, Aung San Suu Kyi, la principal líder del país, negó rotundamente las acusaciones en la primera vista del caso en diciembre.
Myanmar, una nación de mayoría budista, considera que los rohinya son "bengalíes" de Bangladesh aunque sus familias vivan en el país desde hace generaciones. A casi todos se les ha negado la nacionalidad desde 1982, lo que los ha convertido en apátridas de facto, y también se les negó libertad de movimientos y otros derechos básicos.
La prolongada crisis estalló en agosto de 2017, cuando el ejército birmano lanzó lo que calificó de operación de limpieza en el estado de Rakhine, en el norte del país, en respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinya. Esto obligó a más de 700.000 rohinya a huir a la vecina Bangladesh y provocó acusaciones de violaciones masivas, asesinatos y quema de miles de viviendas por parte de las fuerzas de seguridad.
Aunque no controla el ejército, la respuesta de Suu Kyi, que tiene un Premio Nobel de la Paz, a la crisis le valió la condena de la comunidad internacional.
