ONGs: persisten “violaciones sistemáticas” DDHH en Nicaragua

MANAGUA (AP) — Organizaciones de derechos humanos de Nicaragua acusaron al gobierno de Daniel Ortega de cometer “violaciones sistemáticas” a las libertades fundamentales, con base en más de 2.500 denuncias de personas que este año reportaron persecución, amenazas, arrestos y asesinatos atribuidos a policías y paramilitares.

Las cifras corresponden a un informe divulgado este martes por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, no gubernamental), que entre enero y noviembre de 2019 documentó 2.529 denuncias de personas que señalaron distintas formas de abuso por parte de fuerzas gubernamentales.

Entre los casos figuran 735 denuncias de persecución política, 610 de amenazas, asedio y acoso, y 310 “detenciones ilegales”. La mayoría de los afectados son personas identificadas como opositores al gobierno, dijo Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, en una rueda de prensa con motivo del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El informe indicó que de los 310 detenidos, 105 denunciaron haber sufrido torturas y 25 siguen en prisión. La CPDH además conoció 16 casos de “asesinatos selectivos” y 15 “desapariciones” de ciudadanos en este período.

Carmona señaló que en 2018, año en que estallaron las protestas sociales, la Comisión recibió más de 4.000 denuncias contra el gobierno. Dijo que la reducción de casos no obedece a una “mejoría” de la situación, sino al “asedio permanente” que la policía mantiene en torno al edificio de la CPDH, lo cual intimida a quienes tratan de interponer denuncias.

“El gobierno de Nicaragua atenta contra el derecho a la vida, a la libertad, a la movilización, el trabajo, la salud y la educación”, afirmó el activista.

En otro sector de Managua, el también no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) conmemoró el 10 de diciembre con reclamos de “justicia para las víctimas de la represión” y de “libertad” para 169 personas detenidas y que la oposición considera “presos políticos”.

“La represión que comenzó en 2018 continúa hoy con nuevas y perversas modalidades, con fuerzas paramilitares y cuerpos de espionaje que actúan selectivamente” sobre los adversarios de Ortega, dijo la abogada Vilma Núñez, presidenta del Cenidh. Aseguró que en zonas rurales “persisten las ejecuciones extrajudiciales” de campesinos opositores.

Portando carteles con las fotos de sus familiares, madres de estudiantes presos y asesinados durante las protestas de 2018 asistieron a la ceremonia, realizada en un hotel capitalino que fue rodeado por efectivos antimotines. Al concluir el evento, decenas de activistas realizaron un “plantón” en el estacionamiento del hotel, frente a los agentes policiales.

“Se nos impide salir a la calle porque en Nicaragua no hay libertad que sea respetada”, se quejó la excomandante guerrillera Mónica Baltodano, disidente del gobernante partido Frente Sandinista, al comentar la prohibición policial de las manifestaciones opositoras, vigente desde hace 15 meses.

El gobierno no realizó ninguna actividad dedicada a conmemorar el día de los derechos humanos ni formuló comentarios sobre las denuncias de las ONGs.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la “represión estatal” de las protestas de 2018 dejó 328 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de presos y unos 88.000 emigrados o exiliados. El gobierno reconoce 200 fallecidos.