EEUU: Impugnan aceleración a proceso de solicitudes de asilo
SAN DIEGO (AP) — Un nuevo intento de acelerar las revisiones iniciales de las solicitudes de asilo a un plazo máximo de tres días niega a los inmigrantes el derecho a consultar abogados, de acuerdo con la acción legal más reciente contra las políticas migratorias del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
La demanda federal entablada en Washington D.C. impugna los procedimientos de vía rápida implementados en El Paso, Texas, a principios de octubre, los cuales de acuerdo con autoridades estadounidenses podrían expandirse a otros sitios de la frontera sur tras un periodo de prueba.
Los solicitantes de asilo son detenidos en una instalación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) con un periodo de hasta una hora para llamar a familiares y abogados, y no tienen una garantía de confidencialidad, de acuerdo con la querella interpuesta el jueves. No se proporcionan números para recibir llamadas.
Las instalaciones de la CBP son “agujeros negros legales”, según la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles a nombre de la organización Las Americas Immigrant Advocacy Center y de varios solicitantes de asilo que fueron deportados a El Salvador o a México luego de no pasar una evaluación inicial, conocida como entrevista de miedo creíble.
Las revisiones aceleradas “socavan sistemáticamente las garantías procesales de los solicitantes de asilo al hacerlos pasar por el proceso de miedo creíble sin acceso a asesoría”, alega la demanda. “El Congreso proporcionó protecciones a la gente en los procedimientos de miedo creíble para evitar que el gobierno de Estados Unidos enviara por error a los solicitantes de asilo de regreso a sitios donde enfrentan persecución, tortura y, posiblemente, la muerte”.
El gobierno ha procesado a cientos de solicitantes de asilo en El Paso bajo dos programas piloto, uno para mexicanos y uno para no mexicanos, de acuerdo con la demanda. El programa para las personas que no son de México, llamado “Revisión Acelerada de Caso de Asilo” (o Prompt Asylum Case Review), había procesado a 392 personas hasta el 26 de noviembre, mientras que el que es para mexicanos, de nombre Humanitarian Asylum Review Process, había atendido a 137 para el día 27 del mismo mes.
El Departamento de Justicia rechazó comentar el viernes sobre la demanda. Pero funcionarios gubernamentales han defendido una serie de políticas nuevas que pretenden limitar las solicitudes de asilo, muchas de las cuales _afirman_ carecen de fundamento. Estados Unidos se convirtió en el principal destino para solicitantes de asilo en 2017, de acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
Robert Perez, comisionado adjunto de la CBP, dijo en octubre que, en el experimento en El Paso, las revisiones iniciales se efectuarán en máximo 10 días, incluido el tiempo para apelar en caso de que un agente deniegue a alguien acceso a un juez de inmigración. El propósito, dijo, era completar casos en 72 horas, la meta de la agencia para el tiempo máximo en custodia.
Diversas organizaciones han impugnado los cambios del gobierno a las políticas de asilo en las cortes.
El viernes en San Diego, grupos defensores pidieron a un juez federal que acote temporalmente el alcance de los acuerdos forjados en fecha reciente con Guatemala, Honduras y El Salvador para regresar a solicitantes de asilo a esos países. De acuerdo con esos convenios bilaterales, Estados Unidos regresará a los solicitantes de asilo a esos países si no pidieron ahí protección en su trayecto hacia la frontera de Estados Unidos con México.
El Southern Poverty Law Center y otros grupos quieren que se emita una orden temporal de restricción para que no se aplique la medida a quienes hayan llegado a la frontera estadounidense antes del 19 de noviembre, cuando los acuerdos entraron en vigor, pero que tuvieron que esperar en México porque las autoridades estadounidenses dijeron no tener recursos suficientes para procesar sus solicitudes de inmediato.
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito escuchó el 1 de octubre los argumentos sobre otra política que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos en resuelven en las cortes de inmigración de Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, esa medida ha sido crucial para la marcada baja en los arrestos fronterizos en comparación con mayo, cuando se registró la cifra más alta en 13 años.
El mismo día, la corte escuchó los argumentos sobre una medida que prohíbe se conceda asilo a quien haya cruzado ilegalmente la frontera desde México y que está suspendida desde hace alrededor de un año.
