Fernández de Kirchner se defiende en primer juicio

BUENOS AIRES (AP) — A ocho días de su regreso al poder como vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner se consideró el lunes víctima de una persecución de la justicia y el presidente saliente Mauricio Macri al declarar ante un tribunal como presunta responsable de la concesión irregular de obras públicas.

La exmandataria se defendió enfáticamente y en ocasiones a los gritos durante casi cuatro horas ante los tres jueces del Tribunal Oral Federal en el primer juicio que afronta por supuestos hechos de corrupción durante su mandato (2007-2015).

La expresidenta cuestionó que el tribunal no le concediera la petición de transmitir en vivo por televisión la audiencia de indagatoria, el mayor acto de defensa de un acusado ante un tribunal, y señaló que es víctima de “la articulación de los medios de comunicación y el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos”.

Al término de su larga intervención, en la que apuntó que se trata de un juicio “armado” y cuestionó al gobierno saliente por considerarlo impulsor del mismo, la exmandataria dijo a los magistrados que no iba a contestar preguntas.

“Preguntas tienen que contestar ustedes”, increpó Fernández de Kirchner a los tres jueces. “Este es un tribunal de ‘lawfare’, a lo mejor tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver a la historia, a ustedes los va a condenar la historia”, afirmó enfurecida.

El término empleado por la dirigente peronista es una contracción de las palabras en inglés "law" (ley) y "warfare" (guerra) y alude a una suerte de guerra judicial y mediática en la que se abusa de procedimientos legales para arremeter contra adversarios políticos.

Fernández de Kirchner, quien asumirá como vicepresidenta junto al presidente electo Alberto Fernández el 10 de diciembre, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que adjudicó de forma irregular 51 contratos de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena de personas.

Entre los acusados están el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional.

La expresidenta también afronta otros cuatro juicios por supuestos delitos cometidos durante su mandato cuyas fechas no han sido definidas aún y cinco pedidos de detención que no han prosperado porque, como senadora, cuenta con fueros que le otorgan inmunidad de arresto.

Este primer proceso se inició en mayo mientras la dirigente política se encontraba en campaña para volver al poder como vicepresidenta. Fernández, su entonces compañero de fórmula, dijo que ella iba a “probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

La dirigente de centroizquierda sólo interrumpió su intervención para beber agua mientras era observada por dirigentes de derechos humanos, legisladores kirchneristas y exfuncionarios que asistieron a la audiencia para respaldarla.

Cuestionó que sucesivas audiencias judiciales fueron transmitidas en vivo y en directo y “en los pasajes más escabrosos que decía el fiscal apuntaban a mi cara y el resto de los acusados”, una muestra de que los medios de comunicación hacen conocer a la población “cosas que no figuran en el expediente ni conforman delito para que los jueces no tengan más remedio que condenar”.

Según Fernández de Kirchner, la causa que dio inicio a este proceso se activó en enero de 2016 a partir del entonces recién nombrado responsable de Vialidad, Javier Iguacel.

“La primera resolución que saca (Iguacel) es hay que investigar todas las obras de la constructora Austral de Lázaro Báez, realizadas en la provincia de Santa Cruz, y manda hacer una auditoría”, relató al apuntar a que la orden para impulsar la investigación partió del gobierno de Macri.

Durante su intervención, Fernández de Kirchner intentó refutar una de las acusaciones de los fiscales de que los fondos supuestamente irregulares para las obras ejecutadas por Báez estaban recogidos en varios proyectos de ley de presupuesto que la entonces mandataria envió al Congreso.

La expresidenta se desligó de responsabilidad alguna, acotó que el Congreso no cuestionó esas iniciativas y dijo los encargados de ejecutar los presupuestos eran los jefes de Gabinete.

“Aquí no han citado a ningún jefe de gabinete y no digo que deban ser citados”, puntualizó. "Van a tener un problema porque van a tener que citar al presidente de la república. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles", dijo sobre el hecho de que Fernández, el próximo mandatario, fue el titular de la jefatura del Gabinete durante parte de su presidencia y todo el mandato de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

La exmandataria también cuestionó que Kirchner -gobernador durante un largo periodo de Santa Cruz- esté considerado supuesto planificador de la asociación ilícita que luego ella encabezó y rechazó que su marido hubiera sido responsable del traslado del presunto esquema corrupto instalado en el distrito sureño al gobierno nacional.

Según la acusación de la causa, la "organización criminal" que encabezó la exmandataria y que también funcionó durante el gobierno de su marido sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez.

También empleó la indagatoria para arremeter contra la justicia en otras causas en las que está procesada. “Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, no sé cómo tuve tiempo para gobernar este país”, subrayó la dirigente.

Además apuntó contra la “persecución” que sufren sus hijos Máximo -que es diputado electo- y Florencia, sometida a un tratamiento médico en Cuba debido a los estragos que han causado en su salud las investigaciones judiciales en su contra, según la exmandataria.

Cuestionó además que la justicia argentina arremeta permanentemente contra dirigentes peronistas y sus allegados por presunta corrupción.

Al final de la audiencia, Estela de Carlotto, titular de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, dijo a The Associated Press que las palabras de la exmandataria son “un cachetazo para la justicia injusta” y sirvieron “para despejar cualquier duda. Va a salir airosa de todo esto”.

En tanto, Carlos Zannini, exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, afirmó que Fernández de Kirchner expuso el “por qué de perseguir a los opositores y al peronismo para instalar un gobierno de exclusión como el que tuvimos en estos últimos años”.

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El periodista de The Associated Press Leonardo La Valle contribuyó en esta nota.