Keiko Fujimori sale de prisión en Perú

LIMA (AP) — Keiko Fujimori, la otrora poderosa líder de la oposición parlamentaria peruana y excandidata presidencial, salió de prisión el viernes en medio de vítores de sus simpatizantes y las críticas de muchos peruanos que ven en su liberación una muestra más de la impunidad que suelen disfrutar los políticos acusados de corrupción.

Bajo la aclamación de sus seguidores, que portaban banderas partidistas y globos color naranja, Keiko salió sonriente del anexo de mujeres de la cárcel de Chorrillos en Lima, un reclusorio que también alberga a criminales comunes.

El arresto ha sido el momento “más doloroso de mi vida”, dijo Fujimori, de 44 años.

“Por eso lo primero que quiero hacer al dar un paso aquí en la calle es dar gracias a Dios por haberme dado fuerzas para resistir”, agregó Keiko a las puertas del penal.

Sus simpatizantes hicieron un corredor para que su esposo Mark Villanella, que acampaba frente al penal, caminase a la puerta donde ella salió, portando un ramo de rosas rojas y globos en forma de corazón.

Desde el 13 de noviembre, Villanella realizaba una huelga de hambre afuera de la cárcel para exigir un proceso imparcial para su esposa. Al reencontrarse en la calle, ambos se fundieron en un largo abrazo.

Decenas de policías antimotines fueron desplegados en el lugar.

“El Tribunal Constitucional ha corregido el gran daño que se nos ha hecho; un proceso lleno de abusos y arbitrariedades”, resaltó.

El Tribunal Constitucional de Perú aprobó esta semana una solicitud de habeas corpus presentada por Sachi Fujimori, hermana de Keiko, con cuatro votos a favor y tres en contra, por lo que el viernes recuperó la libertad tras 13 meses de arresto preventivo. Su salida se demoró cuatro días debido a trámites legales.

El habeas corpus es un derecho que tienen los detenidos o reos a ser presentados de inmediato y públicamente ante un juez o tribunal para que, escuchándolos, resuelva si su arresto se ajustó o no a la ley, y si la medida de encarcelamiento debe levantarse o ratificarse.

Fujimori había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos. De acuerdo a la Fiscalía, recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para dos campañas presidenciales, en las cuales resultó derrotada. El proceso judicial en su contra continúa.

Desde 2014, el caso Odebrecht ha estremecido a la élite política y empresarial brasileña y se ha extendido a otros países como Perú.

En 2016 Odebrecht reconoció en un acuerdo con el Departamento de Justicia en Washington que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda Latinoamérica, entre ellos 29 millones de dólares a políticos de Perú.

La fiscalía acusa a Keiko de lavar 1,2 millón de dólares aportados por Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Las revelaciones de otros empresarios sobre aportes millonarios ilegales a sus campañas, y su intento por ocultarlo, también han desquebrajado la reputación de la legisladora.

“Lo que me corresponde es seguir enfrentando esta investigación, como siempre lo he hecho. Seguir colaborando con la justicia”, acotó.

Fujimori indicó que, en sus casi 400 días de prisión, “he tenido la oportunidad de reflexionar y de darme cuenta también que hay cosas que he podido hacer mejor”, agregó. Destacó que sale a la calle con la misión adicional de “ayudar a miles de hombres y mujeres que están sufriendo y están en las calles sin sentencia”, al considerar que es urgente una reforma judicial.

Keiko también expresó su decisión de tomarse un tiempo para “reencontrarme con mi familia, para recuperar mi salud, y después más adelante decidiremos que haré en la segunda etapa de mi vida”.

Su carrera política se encuentra en una encrucijada.

La tarea de reconstruir tanto su partido como su reputación luce difícil, incluso mucho más que cuando a partir de 2005 se hizo cargo de reanimar el partido de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, el legado negativo de su padre no pareció afectarla, ya que cuando se postuló como legisladora por primera vez en el 2006 fue elegida con la mayor cantidad de votos en la historia del país.

En los años siguientes su carrera fue en franco ascenso.

En 2011 se postuló por primera vez a la presidencia y perdió en segunda vuelta ante Ollanta Humala. Cinco años más tarde fue nuevamente derrotada por un estrecho margen por Pedro Pablo Kuczynski, pero se convirtió en la mujer más poderosa de la política peruana porque su partido dominó de forma abrumadora el Parlamento unicameral.

Desde esa posición la legisladora no dudó en torpedear al gobierno de Kuczynski pese a que éste había indultado a su padre, una medida que posteriormente la justicia revirtió. Esa decisión _vista por muchos como una muestra de inmadurez política_ le valió severas críticas de fieles fujimoristas y un enfrentamiento público con su hermano Kenji Fujimori, quien hizo esfuerzos por mantener al exbanquero de Wall Street en el poder, ayudándolo a esquivar un primer proceso de destitución contra la voluntad Keiko.

Kuczynski renunció el 21 de marzo de 2018 para evitar un segundo proceso de destitución.

El choque entre hermanos, que incluyó denuncias de tráfico de influencias, expulsiones del partido y escuchas ilegales entre los legisladores, socavaron la figura de Keiko y el Congreso, que acarreaba un enorme desprestigio por presuntamente proteger a funcionarios investigados por corrupción.

Tras tener 73 legisladores en 2016, el partido se ha quedado sin bancas luego del cierre del Parlamento que siguió a los continuos enfrentamientos con el actual mandatario, Martín Vizcarra.

Muchos ven poco probable que se pueda recuperar esa abrumadora mayoría en los comicios legislativos, que están a la vuelta de la esquina.

Entre los escollos a superar está conjurar el “desafecto” que hay en los ciudadanos hacia las élites políticas y empresariales.

Eso quedó en evidencia cuando el sucesor de Kuczynski, Vizcarra, disolvió el Congreso en septiembre, alegando que la Constitución le da facultades para hacerlo. La medida, aunque polémica, contó con el respaldo de la mayoría de los peruanos.

En los comicios legislativos del 26 de enero de 2020 esa antipatía ciudadana podría expresarse contundentemente en las urnas. Los 130 legisladores que sean elegidos culminarán su gestión el 28 de julio de 2021, la misma fecha en que Vizcarra entregará el mando.