Argentina: condena a curas abre duda sobre reacción del papa
BUENOS AIRES (AP) — Las víctimas argentinas de abuso clerical celebran las históricas condenas de cárcel a dos curas por los excesos cometidos contra niños sordos, pero se preguntan si el papa Francisco tomará nota del mensaje de la justicia.
Miembros de la Iglesia y representantes de las víctimas destacaron a The Associated Press que las sentencias de más de 40 años de prisión impuestas por un tribunal de la provincia de Mendoza a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho son las más severas recibidas por clérigos en Argentina. Ahora esperan que el Vaticano imponga a los religiosos condenados por delitos sexuales un castigo ejemplar.
El italiano Corradi fue sentenciado a 42 años de prisión y el argentino Corbacho a 45 en un juicio histórico en el que se comprobaron 20 abusos y violaciones sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de Mendoza, unos 1.000 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Corradi, de 83 años, seguirá bajo prisión domiciliaria y Corbacho en una cárcel provincial.
El veredicto, que puede ser apelado, fue seguido de cerca por la Iglesia católica local y por los sobrevivientes de abuso clerical que esperan expectantes la reacción de Francisco, quien no ha hecho comentarios públicos desde que se conocieron las sentencias.
Una exalumna del colegio mendocino que no se quiso identificar criticó al papa porque “nunca se interesó” por las víctimas y se preguntó “qué va a decir ahora”.
“Este es un caso bisagra para la sociedad, la justicia, las víctimas y también para la Iglesia”, apuntó a AP el obispo Sergio Buenanueva, titular del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal Argentina.
Buenanueva señaló que la decisión del tribunal mendocino “es un mensaje muy fuerte para la Iglesia” por la “enorme gravedad de los hechos” juzgados y que, por ello, lo esperable es que los curas condenados sean despojados de su estado clerical -la máxima pena que impone la Iglesia-.
“Vamos en esa dirección, que se los va a dimitir del estado clerical”, confió Buenanueva, para quien “hay una legitimidad muy importante en esos reclamos” y el pontífice “está dando pasos muy grandes” a la hora de tratar este problema en el seno de la Iglesia.
El Vaticano envió en 2017 a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo a AP que “gracias a Dios” el veredicto “coincide con lo que yo pedí a la Santa Sede, la pena máxima de la dimisión del orden sagrado a los dos sacerdotes”.
Según el religioso, el pedido fue hecho por escrito y debe ser revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, aunque aclaró que desconoce “cuándo tomaría las medidas la Santa Sede y cuáles serán”.
Pero pocos creen que el Vaticano imponga ese castigo rápidamente o que incluso lo haga al cuestionar que Francisco no ha realizado comentarios públicos sobre las denuncias de abusos en el Próvolo que estallaron en 2016, no se ha reunido con las víctimas e ignoró las advertencias sobre el sacerdote italiano condenado.
El escándalo que provocó el caso se intensificó luego de saberse que Corradi había sido señalado por supuestos abusos en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, en Italia, sin que fuera juzgado y que Francisco había sido avisado en 2014 que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, dijo a AP que “difícilmente Jorge Bergoglio, más allá de su demagogia con protocolos... vaya a cambiar la posición. Ojalá que sí, pero los hechos demuestran lo contrario”.
En ese sentido, recordó que el sacerdote argentino Julio Grassi, condenado a 15 años de cárcel por el abuso de un menor y cuya sentencia está firme, no ha sido despojado de su estado clerical.
“Grassi era sumamente cercano al papa y además muy mediático”, acotó Lombardi, para quien el Vaticano impone el máximo castigo cuando los sacerdotes se tornan “indefendibles” y esos son casos muy limitados.
Al respecto, el obispo Buenanueva también se preguntó “qué detiene o por qué no se le ha dado la dimisión a Grassi” y señaló al respecto que Francisco ha quitado el estado clerical a otros sacerdotes, incluido el prominente ex cardenal estadounidense Theodore Edgar McCarrick.
Anne Barrett Doyle, de la organización estadounidense BishopAccountability.org -que hace un seguimiento de los abusos cometidos por clérigos- elogió la actitud de la justicia mendocina e instó a que “los fiscales ahora inicien una investigación de los arzobispos y otros líderes de la Iglesia que sabían o deberían haber sabido que la escuela estaba siendo dirigida por un abusador de menores”.
“El papa debe aceptar la responsabilidad por el sufrimiento inimaginable” de las víctimas, agregó.
El italiano también está en la mira de la justicia de la provincia de Buenos Aires por presuntos abusos cometidos en el Instituto Próvolo de la ciudad de La Plata, a unos 70 kilómetros de la capital argentina. A ese centro fue a parar cuando fue trasladado desde Verona, para luego ser destinado a Mendoza en la década de 1990, en lo que para las víctimas obedecería a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados.
