Guatemala ordena investigar a militares por genocidio

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez ordenó el lunes ligar a proceso a tres ex altos mandos del ejército por los delitos de genocidio, contra los deberes de humanidad y desaparición forzada que habrían sido cometidos contra 1.421 indígenas ixiles durante la guerra civil de Guatemala.

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que César Octavio Noguera Argueta, exjefe de operaciones de 77 años; Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia de 82 años, y Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, de 87 años, sean investigados por el Ministerio Público por la acusación en su contra. Los delitos se habrían cometido cuando éstos eran altos oficiales del ejército durante el gobierno del general Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982.

Según la acusación, los militares conocían las acciones que el ejército desempeñaba en la región ixil, integrada por los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, del departamento de Quiché, al norte de la capital guatemalteca. Las operaciones contrainsurgentes habrían incluido masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento y destrucción de propiedad de civiles.

Los tres militares se han declarado inocentes.

Guatemala vivió un conflicto armado interno entre 1960 y 1996 que, según un informe sobre la verdad histórica elaborado por las Naciones Unidas, dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. El informe señala que el ejército y paramilitares fueron responsables del 97% de los crímenes y la guerrilla del 3% restante.

En su resolución, el juez dijo que, con los testimonios recolectados hasta ahora, se puede determinar que se cometieron delitos y que por ello liga a proceso a los acusados, para que la fiscalía profundice y concluya su investigación.

“Se llega a establecer que el Estado avaló y aceptó la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional”, dijo el juez sobre la doctrina militar que establecía que existía un enemigo interno constituido por integrantes del partido comunista, sus integrantes y sus simpatizantes.

“El ejército catalogó a los sacerdotes como comunistas”, agregó. De este modo, también se habría perseguido a los católicos.

Al hacer un resumen de los antecedentes históricos del conflicto, Gálvez dijo que durante esa época hubo también conflicto en la tenencia de tierras en la región ixil, lo que agravó la situación.

El juez hizo resúmenes de varios testimonios presentados en anticipo de pruebas en los que destacó cómo el ejército bombardeaba comunidades acusadas de ser simpatizantes de la guerrilla y cómo destruía las cosechas con el fin de dejar sin comida a los habitantes, que huían a las montañas para protegerse.

El juez decidió que Lucas García y Callejas y Callejas aguarden en prisión el final de la investigación de la fiscalía. Sin embargo, en la práctica permanecerán en el Centro Médico Militar donde se encuentran por complicaciones de salud, mientras que Noguera Argueta estará en arresto domiciliario debido a su edad avanzada.

Lucas García y Callejas y Callejas fueron condenados en mayo a 58 años de prisión por la detención y desaparición de un niño de 14 años y la violación de su hermana en 1981. También en ese caso se declararon inocentes.