Argentina: tensión en el gobierno por el aborto

BUENOS AIRES (AP) — El aborto vuelve a ser motivo de tensión política en Argentina.

Un año después de que el proyecto de ley para su despenalización naufragara en el Congreso, el debate se instaló al interior del gobierno y provocó la renuncia de un funcionario luego de que el presidente conservador Mauricio Macri derogó el viernes una resolución impulsada por su secretario de Salud que reglamentaba un protocolo médico de interrupción del embarazo.

“La resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas", indica el decreto firmado por el mandatario y publicado en el Boletín Oficial.

El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, había reglamentado a mitad de semana una actualización del llamado “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” por el cual todo el personal del sistema de salud debía garantizar el derecho a interrumpir una gestación cuando ésta pusiera en riesgo la vida o la salud de la mujer o fuera resultado de una violación, los dos casos en los que el aborto no está penado en Argentina.

La polémica surgió a partir de un apartado de la resolución que reglamentaba el acceso al mencionado protocolo para las niñas y adolescentes menores de 16 años, consideradas un grupo particularmente vulnerable a situaciones de abuso y violaciones sexuales.

Rubinstein presentó su renuncia el viernes a la tarde alegando que “durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas tanto la protección como la ampliación de derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, las personas con capacidad de gestar y la comunidad LGBTTQ”, de acuerdo con el texto de su dimisión.

“Entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE (interrupción legal del embarazo) cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida”, había dispuesto el secretario de Salud.

La resolución, celebrada por grupos a favor del aborto y rechazada por los llamados pro-vida, finalmente fue derogada bajo el argumento de que el secretario de Salud no había consultado a sus superiores.

"El presidente es el jefe supremo de la Nación, jefe del Gobierno y responsable político de la administración general del país", recordó el propio Macri en el decreto.

En el texto de su renuncia, Rubinstein argumentó que el nuevo protocolo respondía “a la necesidad de actualizar la normativa” de acuerdo al nuevo código civil y comercial aprobado en 2015 y a nuevas recomendaciones internacionales sobre medicamentos y procedimientos.

Aunque la actualización fue derogada, el gobierno mantuvo vigente el protocolo de interrupción legal del embarazo vigente desde 2015.

Macri ha tenido una actitud oscilante respecto de la cuestión. En 2018 habilitó la discusión del proyecto de legalización del aborto en el Congreso, algo inédito en el país natal del papa Francisco. Si bien la iniciativa tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, no pudo avanzar por el rechazo de los senadores. Entonces Macri había dicho que no vetaría la ley si era aprobada por el Parlamento y Rubinstein había expuesto a favor de la despenalización en las audiencias públicas durante el debate parlamentario.

Pero este año, en plena campaña para la reelección, Macri se declaró “defensor de las dos vidas”, como se definen los sectores que rechazan la legalización del aborto.

La discusión sobre el aborto tendrá un nuevo capítulo a partir del 10 diciembre, cuando asuma el presidente electo Alberto Fernández, quien ya se ha manifestado a favor de su despenalización.

Según grupos activistas desde el regreso de la democracia en 1983 más de 3.000 mujeres murieron en Argentina por abortos clandestinos realizados con métodos rudimentarios. En tanto, el Ministerio de Salud estimó en 2016 que en el país se realizaban hasta medio millón de abortos clandestinos cada año.

Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. En Puerto Rico y en las Antillas y la Guayana francesas también se permite atendiendo a las legislaciones de Estados Unidos y Francia, respectivamente.