Prioridad de nueva ombudsman de México: la austeridad
CIUDAD DE MEXICO (AP) — Rosario Piedra, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esquivó el jueves todas las críticas a su nombramiento, cuestionado por los partidos de la oposición, y presentó un plan de austeridad con el que aspira a reformar la máxima institución de derechos humanos del país.
“No he mentido, he cumplido con los requisitos que la Ley exigía para aspirar al cargo que ocupo, mi elección fue absolutamente legal y con la Ley en la mano defenderé a las víctimas”, fueron sus primeras palabras.
Con esta declaración pretendía cerrar la polémica por su nombramiento en el Senado, apoyado por el partido oficialista, Morena, pero muy criticado por la oposición, y sobre todo por el derechista Partido de Acción Nacional, que dijo que hubo fraude en las votaciones y considera que Piedra no cumplía con los requisitos para el cargo al haber estado vinculada al partido en el gobierno.
Piedra, hija de la connotada activista Rosario Ibarra y hermana de un desaparecido durante la guerra sucia de los años 70, fue miembro de Morena y ha sido criticada por su condescendencia ante el mandatario.
De hecho, aunque el presidente arremetió con dureza esta semana contra Javier Sicilia, el poeta que lideró el mayor movimiento de víctimas de la violencia en la historia reciente del país, Piedra no quiso pronunciarse al respecto, aunque cerró su discurso con las palabras “queremos justicia, primero las víctimas”.
La CNDH es una entidad oficial que investiga violaciones de funcionarios públicos y emite recomendaciones a las distintas instituciones de la República que, aunque no son vinculantes, sí tienen un alto valor simbólico. Sin embargo, al estar su nombramiento tan cuestionado, los gobernadores del PAN se plantean no acatarlas.
En su primera conferencia de prensa, anunció la reducción de los sueldos más elevados de la Comisión -incluido el suyo- para cumplir con las directrices de la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y una revisión y reducción de todo tipo de gastos, viajes y contrataciones temporales.
El objetivo, según dijo, es ahorrar un 30% del presupuesto para dedicarlo en mayor medida a la atención a las víctimas aunque, también indicó, que algunos de los programas que hay para ellas se suprimirían para evitar duplicidades.