Policía chilena suspende uso escopetas antidisturbios

SANTIAGO (AP) — El director de la policía chilena, general Mario Rozas, anunció el martes la suspensión del uso de las escopas antidisturbios que han dejado más de 200 jóvenes sin la visión en un ojo y han herido a miles más en la represión de las protestas que estallaron hace 33 días.

Rozas enfatizó que sólo podrán ser utilizadas en casos en que peligre la vida de los policías o de civiles. El general, cuestionado ampliamente por la actuación de la policía en el último mes y a quien incluso se ha pedido su renuncia, leyó un comunicado con el anuncio y no aceptó preguntas.

Explicó que la información proporcionada por el proveedor extranjero de las armas, cuyas balas de 12 milímetros al dispararse se abren en 12 perdigones de ocho milímetros y 70 gramos, no coincide con los antecedentes proporcionados el fin de semana por expertos de la Universidad de Chile y por el propio Laboratorio Criminalístico institucional. La policía aseguraba hasta el martes que se trataba de municiones de goma. Según explicó, la información del plantel universitario del laboratorio institucional muestra “diferencias con la composición declarada por el proveedor en su ficha técnica".

Añadió que las escopetas “solo podrán ser usadas como una medida extrema y de legítima defensa” de policías y civiles, y que la medida “será revaluada una vez que tengamos en nuestro poder los resultados de los estudios complementarios que hemos solicitado en laboratorios externos de Chile y el extranjero, así como las certificaciones complementarias solicitadas al proveedor".

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas afirmó en su informe que "los perdigones analizados contienen un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos", que identificó como sílice, sulfato de barrio y plomo.

El informe fue realizado por dos perdigones aportados por la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, que ha atendido a la gran mayoría de jóvenes que perdieron la visión de un ojo.

El toxicólogo y académico de la Universidad de Santiago, doctor Leonel Rojo, dijo el martes que si la munición queda incrustada “puede provocar intoxicación, dolores articulares, problemas del apetito, dolores abdominales o de la cabeza o presión alta por intoxicación por plomo”.

Ante innumerables denuncias de heridos por balines y perdigones, el 10 de noviembre el mismo Rozas había informado que el uso de las escopetas antidisturbios sería acotado.

Un joven de 21 años está grave luego que en la víspera, en medio de disturbios, recibió tres perdigones que impactaron en una pierna, tórax y en la tráquea.

Ante una desbordada represión de las protestas desde el 18 de octubre, representantes de Amnistía Internacional, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Human Rights Watch, están en Chile para investigar las denuncias de un uso desproporcionado de las escopas antidisturbios en el país sudamericano.

Horas antes, una decena de legisladores opositores de Chile presentó una Acusación Constitucional --mecanismo para vetar a un político-- contra el presidente Sebastián Piñera. De prosperar, podría llevar a la destitución del mandatario.

La medida fue promovida por 11 diputados de distintos partidos por las violaciones a los Derechos Humanos en las que habrían incurrido la policía y las Fuerzas Armadas para contener el estallido social que sacude a Chile desde hace semanas. La acusación se enfoca en el proceder de ambas instituciones durante el Estado de Excepción decretado por Piñera al comienzo de la revuelta, en la madrugada del 19 de octubre y que duró nueve días.

Esta situación “ha infringido claramente la Constitución y las leyes y así lo señalamos en un argumento sólido y responsable en esta acusación”, señaló a medios la diputada comunista Carmen Hertz, una de las firmantes de la acusación.

Para que la medida se apruebe se requiere el apoyo de 2/3 en cada cámara, es decir, 93 diputados y 26 senadores. Sin embargo, es poco probable que avance, ya que la oposición en su conjunto no cuenta con este número de legisladores.

A pesar de esto y de que sólo cuenta con el apoyo de un puñado de diputados, la señal resultó polémica porque es la primera vez en democracia que se presenta una acusación constitucional contra el presidente y por el delicado momento social e institucional que atraviesa el país.

El oficialismo no tardó en reaccionar oponiéndose a una medida que también fue criticada por partidos opositores.

El diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, de la Democracia Cristiana, dijo que estaba en contra de que “se utilice esta herramienta que es excepcional en nuestro ordenamiento jurídico para un derrocamiento político”.

Walker agregó que revisaría los argumentos invocados, pero que “el principio que yo voy a defender es que los presidentes elegidos democráticamente tienen que terminar su mandato”.

Por su parte, el diputado opositor Fidel Espinoza, dijo que “es una acusación que no tiene ninguna viabilidad política de tener efecto directo en la destitución del presidente de la República y por lo tanto desde mi punto de vista es una irresponsabilidad”.

Chile vive un estallido social sin precedentes desde que el pasado 18 de octubre el alza de los precios del subterráneo derivara en protestas generalizadas que demandan mejores salarios y pensiones, reformas en educación y salud pública y una nueva Constitución escrita por el pueblo.

La fiscalía investiga 26 muertes en el contexto de las movilizaciones sociales, informó el martes, al menos cinco de ellas a manos del agente del Estado y dos bajo custodia de éste.