Nicaragua: denuncian la detención de 13 opositores

MANAGUA (AP) — La oposición de Nicaragua denunció el viernes la detención de 13 activistas, entre ellos la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, cuando intentaban entregar ayuda humanitaria a familiares de opositores presos en huelga de hambre en una iglesia de la ciudad de Masaya.

Haydeé Castillo, dirigente de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo a The Associated Press que el grupo fue “injusta y arbitrariamente” arrestado por la policía en Masaya, a 27 kilómetros de Managua, al tratar de ingresar la noche del jueves a la iglesia San Miguel, donde la víspera comenzó el ayuno que busca presionar al gobierno de Daniel Ortega para que excarcele a unos 130 reos a los que la oposición considera presos políticos.

“Condenamos esta captura y pedimos a la comunidad internacional que actúe para frenar la represión del gobierno de Daniel Ortega”, afirmó Castillo.  Dijo que los detenidos fueron llevados a la cárcel El Chipote, en Managua, y que entre ellos están miembros del consejo político de la UNAB  y otros jóvenes activistas.

El grupo se había movilizado en una caravana hacia Masaya para llevar agua a los huelguistas reunidos en la iglesia, en su mayoría mujeres, después de que el suministro de agua y energía eléctrica fue interrumpido, según denunció el párroco Edwin Román.

Román declaró telefónicamente a AP que él permanece dentro de la iglesia con los huelguistas. “Somos rehenes de la policía, estamos rodeados y sitiados sin posibilidad de salir ni acceso para otras personas", indicó.

Por su parte, Pablo Cuevas, abogado de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expresó su “total condena” a la detención de los opositores y al “arbitrario sitio de la parroquia” San Miguel.

Cuevas dijo que un equipo de la CPDH se trasladó a la cárcel El Chipote y otro a Masaya para conocer la situación. “Ambas acciones son injustificadas, pues no se puede arrestar a personas por asistir a otras que ejercen su derecho a la huelga de hambre y que ahora podrían morir de inanición”, afirmó.

Indicó que una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja había anunciado ayer que visitaría a los huelguistas en Masaya, pero hasta ahora no se han presentado en el lugar. “Deberían hacerlo, porque es obligación del CICR supervisar este tipo de situaciones”, agregó.

La policía de Nicaragua no ha confirmado la detención de los 13 opositores, entre quienes figura Coppens, una conocida activista que estuvo encarcelada durante un año por participar en protestas antigubernamentales.

Tamara Zamora, la madre de Coppens, dijo a AP que las autoridades policiales de El Chipote le confirmaron que su hija está entre los arrestados.

La CPDH denunció que Cuevas fue retenido por la policía cuando se dirigía hacia Masaya y fue obligado a retornar a la capital custodiado por una patrulla de la institución.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicaron en Twitter que tuvieron conocimiento de los sucesos en Masaya y la detención de los 13 opositores.

“Las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la integridad y seguridad” de las personas al interior de la iglesia San Miguel, publicó la Oficina del Alto Comisionado.

También el Partido Socialista Obrero Español rechazó lo ocurrido. “Nos unimos al llamamiento para exigir la inmediata liberación de los 13 activistas... recién detenidos y exigimos al régimen de Ortega-Murillo que cese la represión contra la oposición en Nicaragua”, señaló en su cuenta de la misma red social.

El arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, Leopoldo Brenes, dijo que "condena y lamenta el asedio e intimidación" policial contra la iglesia San Miguel y llamó al gobierno a "respetar la libre movilización".

El gobierno afirma que los opositores son grupos golpistas y terroristas que en 2018 promovieron un fallido golpe de Estado para desalojar a Ortega del poder.

AP solicitó una declaración al gobierno pero no obtuvo respuesta.

Nicaragua vive una crisis que estalló con las protestas sociales de abril de 2018 y que dejó al menos 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos -en su mayoría excarcelados- y unos 88.000 emigrados y exiliados, según la CIDH.