Congreso guatemalteco reduce penas por corrupción
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Los diputados al Congreso de Guatemala aprobaron el martes reformas al Código Procesal Penal, en el que incluyeron 14 artículos nuevos para el procedimiento de aceptación de cargos.
La reforma reduce hasta en un 50% la condena a quienes confiesen y acepten los cargos imputados, especialmente en los delitos relacionados con corrupción.
La reforma fue aprobada con 81 votos a favor, de 158 posibles, entre los diputados, y una vez que entre en vigor beneficiaría empresarios, políticos, jueces y particulares que han sido señalados de varios delitos vinculados a corrupción. Varios de los diputados que aprobaron las reformas tienen procesos o investigaciones judiciales en su contra, algunos no fueron reelegidos por lo que en enero próximo perderían su inmunidad.
La ley de reforma al Código Procesal Penal guatemalteco fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia, (CSJ) y fue modificada a solicitud de diputados afines al oficialismo. La reforma explica que “si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se le rebajen a la mitad”.
El porcentaje de la reducción dependerá de la fase del proceso penal en la que el acusado acepte los cargos y será efectiva una vez que se concrete un acuerdo con las víctimas para una compensación digna.
Los beneficios de reducción de penas se otorgarán sin prejuicio de otros beneficios establecidos. En la ley guatemalteca los delitos que aplica la reforma cómo el lavado de dinero, cohecho, peculado, delitos vinculados a la corrupción, conllevan hasta 10 años de prisión, pero con la condena reducida a la mitad, la pena puede ser conmutada.
Aquel que acepte los cargos no podrá ser colaborador eficaz, dice la ley. El colaborador eficaz es una figura que brinda información eficaz en un proceso judicial sobre las formas de operar sobre integrantes de las redes criminales.
La ley, que entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial, dejó excluyó delitos como el genocidio, desaparición forzosa, violación, delitos de lesa humanidad, homicidio, pornografía, secuestro, trata de personas, delitos vinculados al narcotráfico, extorsión, feminicidio, aborto, entre otros.
Jean Paul Briere, diputado opositor expresó su desacuerdo con la decisión del pleno del Congreso.
“Me salí del pleno porque no quería ser parte de la aprobación de una reforma de ley que va en contra de la lucha contra la corrupción que se ha iniciado en el país”, dijo.
Tras conocerse las reformas decenas de personas llegaron a las puertas del Congreso a manifestase en contra de la decisión de los legisladores.
