Nueva protesta contra reformas constitucionales en Panamá
PANAMÁ (AP) — Una marcha de centenares de panameños --entre universitarios, trabajadores y activistas a favor del matrimonio igualitario-- se tornó violenta el martes al llegar a la sede de la legislatura un día después del avance de unas reformas constitucionales que, según los expertos, darían más poder a ese cuestionado órgano del Estado.
Al atardecer varios estudiantes ingresaron a la fuerza por la puerta principal y otro grupo de manifestantes derribó un tramo de la cerca lateral, pero fueron dispersados por policías antidisturbios con gas pimienta desde el interior del edificio legislativo.
Aunque las manifestaciones de los dos últimos días en las calles no han tenido amplia convocatoria, los legisladores han recibido palos en los medios y las redes sociales al mostrar buena cara ante iniciativas que les darían nuevas facultades para decidir en asuntos de la justicia, economía y fiscalización dentro de la Constitución.
Las reformas --las primeras que se discuten en 15 años en el país centroamericano-- deben pasar otros tres debates más en un nuevo periodo legislativo a inicios del próximo año, antes de ser sometidas a un referendo nacional.
“El método de discusión de las reformas ha sido equivocado, ha sido cerrado, no ha sido amplio ni participativo”, se quejó durante la protesta el abogado Aristides Blanco, integrante de la agrupación Alianza Pro Igualdad.
La marcha del martes fue impulsada por gremios sindicales, universitarios y organizaciones de derechos humanos, entre ellos, movimientos defensores de la comunidad LGTB, que entre otras cosas abogan para que las reformas incluyan el matrimonio igualitario. Un legislador independiente expuso esa iniciativa durante los debates pero no fue acogida.
“Ya dijimos ‘no’ al matrimonio igualitario”, dijo el diputado oficialista Jairo Salazar fuera del pleno, al rechazar el ingreso de algunos activistas LGTB.
“¡Asamblea corrupta! ¡Ya despertamos!”, gritaban los manifestantes, que al anochecer seguían protestando en los predios del legislativo.
El gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que asumió en julio, envió al legislativo las reformas que fueron concertadas previamente por diversos sectores. El objetivo era encontrar un balance entre los poderes del Estado ante la percepción de que la Constitución, que data de 1972, es excesivamente presidencialista, así como un esfuerzo por mejorar la desprestigiada administración de justicia.
No obstante, los legisladores incluyeron artículos que les darían la facultad de alterar el presupuesto general del Estado, designar a un fiscal superior para investigar a procuradores, censurar a ministros y ajustarse los salarios.
“Introdujo materia ajena a los intereses nacionales en algunos tópicos y en otros está elevando su blindaje y su supremacía por encima de los otros poderes del Estado”, planteó el analista Ernesto Cedeño, doctor en derecho por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina.
La Asamblea Legislativa unicameral se ha visto empañada en los últimos periodos presidenciales por escándalos de despilfarros de dineros públicos y presuntos actos de corrupción.
