Siguen protestas en Chile a pesar de medidas del presidente

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera para mitigar la crisis social más grave en 30 años de democracia no aplacaron el miércoles el descontento y los reclamos de decenas de miles de chilenos en las calles por mejores condiciones de vida en uno de los países más prósperos de América Latina.

Pese a la vigencia de un estado de sitio, con los militares y la policía antimotines en las calles, la agitación continuó con protestas en la principal plaza de la capital, en que un grupo extendió una bandera chilena gigante en la que inscribieron “#Chiledespertó”.

Nuevos enfrentamientos se sucedieron en una jornada de movilizaciones en todo el país y de una huelga general de dos días convocada por la principal central de trabajadores en respaldo a las protestas, a las que se sumaron mineros de Escondida y de la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre.

Más de la mitad del país está bajo estado de emergencia y toque de queda, y el ejército llamó el miércoles a los reservistas --quienes hicieron el servicio militar y están disponibles para situaciones de emergencia-- para apoyar a la institución debido a los miles de uniformados que patrullan las calles.

Las autoridades informaron que la cifra de muertos por los disturbios de los últimos días subió a 18. Mientras tanto, surgieron denuncias por presuntos abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado.

Las protestas fueron iniciadas por estudiantes que desde el lunes pasado evadieron los torniquetes del metro en repudio por un alza tarifaria, a las que hace seis días se sumaron decenas de miles de personas con demandas más amplias.

En la víspera, Piñera anunció una serie de medidas con leves mejoras a las pensiones e ingresos de los más pobres en un esfuerzo por frenar la crisis. Sin embargo, al día siguiente se reanudaron las multitudinarias movilizaciones que derivaron en violencia y caos, principalmente en el centro de Santiago.

A pocas cuadras del Palacio de La Moneda, la sede de la presidencia, la policía reprimió violentamente a centenares de personas que intentaban llegar al escenario de las manifestaciones luego de que encapuchados instalaran barricadas encendidas y los atacaran con piedras y palos.

Un fuerte olor a gas, un picor en la garganta y ojos llorosos se volvieron comunes en el centro de la capital chilena en el sexto día de protestas que han provocado saqueos y destrucción de estaciones del metro y edificios públicos.

En las cercanías del centro capitalino, desconocidos saquearon e incendiaron un hotel, mientras otros hechos vandálicos se produjeron en ciudades del interior, aunque la mayoría de las protestas transcurrieron pacíficamente.

Tres de las seis líneas del metro funcionaban el miércoles de forma parcial, pero el país estaba lejos de alcanzar la normalidad: muchos chilenos se quejaban por los saqueos, por los inconvenientes en el transporte y las dificultades para realizar las actividades diarias.

El taxista Juan Vásquez se quejó amargamente porque dejó de funcionar la estación del subterráneo ubicada a metros de su paradero.

“Saquear es saquear, pero destruir es otra cosa, le impiden el trabajo a mucha gente”, dijo Vásquez al lado de otros conductores que como él estaban estacionados a la espera de clientes que no llegaban.

En la periferia sur, a un par de metros de una estación del subterráneo y de una farmacia quemados, la profesora de infantes desempleada Magdalena Bravo, dijo a la AP que respalda las protestas en rechazo a la “desigualdad que tenemos en este país y porque familias de cinco, seis personas, viven con un sueldo miserable de 301.000 pesos (413 dólares)”.

Para frenar la oleada de violencia en el país de 18 millones de habitantes, Piñera se reunió la víspera con tres líderes de la oposición y horas después anunció una agenda social que, según su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tendrá un costo de 1.200 millones de dólares.

Entre los anuncios hay un aumento inmediato en las pensiones mínimas de 590.000 personas de 151 a 181 dólares mensuales, un incremento en los salarios mínimos de 413 a 481 dólares, la anulación de un reajuste del 9% en las tarifas de la electricidad, alzas de un 5% en los impuestos de quienes ganan más de 11.000 dólares mensuales y la extensión a todo el país de rebajas en medicamentos, que se encuentran entre los más caros de la región.

La oposición valoró las medidas pero demandó ajustes estructurales en un país en el que la mayoría gana entre 400.000 a 500.000 pesos (entre 562 y 762 dólares) y en el sistema de transporte público, cuyas tarifas suben con la devaluación del peso y el incremento del precio internacional del petróleo.

La académica Jennifer Pribble, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond en Estados Unidos, dijo que el tono más conciliador de Piñera es un paso en la dirección correcta, pero consideró que “es poco probable que la propuesta por sí sola sea suficiente”.

“El presidente debe señalar que abrirá un diálogo amplio y reunirá a una variedad de actores sociales y partidos políticos para negociar un nuevo pacto social”, indicó a la AP.

Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, dijo que en Chile el 10% de la población gana un 7,8% más que el 90% restante.

En tanto, Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos, denunció múltiples casos de abuso de la fuerza por parte de la policía y los militares. Refirió que recibió a un joven que afirma que fue torturado por policías en una comisaría ubicada en una de las estaciones del subterráneo.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que el gobierno investigará las denuncias.

José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación y señaló que han recibido imágenes de fuentes confiables que “demuestran que ha habido incidentes de exceso en el uso de la fuerza por parte de personal de carabineros (policías) como también de algunos soldados”.