Jueces posiblemente rechacen argumentos fiscales de Trump
NUEVA YORK (AP) — Tres jueces de un tribunal federal de apelaciones parecían inclinarse el miércoles por rechazar los argumentos de que no se pueden entregar las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump a un jurado de instrucción estatal. Algunos de los abogados insinuaron incluso que las autoridades locales no pueden intervenir si el presidente le disparara a alguien.
El juez presidente del tribunal de apelaciones del segundo circuito, Robert A. Katzmann, dijo a los abogados al cabo de casi una hora de alegatos que el panel cree que éstos "podrían volver a verse en Washington".
La Corte Suprema probablemente tendrá la última palabra sobre si Trump puede protegerse de los intentos del fiscal de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., de indagar en los archivos financieros del presidente a partir de 2011, incluidas sus declaraciones de impuestos.
El intercambio de palabras más notable de la audiencia se produjo cuando el juez Denny Chin le preguntó al abogado William S. Consovoy si pensaba que las autoridades locales podían enjuiciar a Trump si le disparaba a alguien en la Quinta Avenida.
"¿No se podría hacer nada? ¿Es esa su posición?", preguntó Chin.
"Efectivamente, sí", dijo Consovoy antes de añadir que para eso habría que hacerle un juicio político al presidente. Cuando Trump fue candidato presidencial en enero de 2016, dijo que si le disparara a alguien en medio de la Quinta Avenida eso no afectaría su campaña.
Vance, que es demócrata, está realizando una amplia investigación que incluye las denuncias de dos mujeres, de que se les pagó para ocultar sus relaciones sexuales con Trump antes de la elección de 2016.
Las denunciantes son la estrella porno Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal. Las dos han hablado públicamente de sus relaciones con quien luego fue elegido presidente.
Trump apeló cuando un tribunal inferior rechazó su impugnación de una orden de Vance para obtener los archivos financieros de su contador.
Según sus abogados, la Constitución prohíbe a los estados someter al presidente a un proceso penal mientras esté cumpliendo su cargo.
