En muchas partes de México, gobierno cede control a cárteles
EL AGUAJE, México (AP) — La ciudad mexicana de Culiacán estuvo bajo la violencia de un cártel durante 12 horas cuando los miembros de un grupo delictivo obligaron al gobierno a liberar al hijo de un narcotraficante. Sin embargo, en muchas partes de México el gobierno cedió a la batalla contra los cárteles desde hace mucho tiempo.
El enorme intercambio de fuego en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, fue impactante por la franca capitulación del gobierno y la audacia de los hombres armados que circulaban por las calles en camionetas blindadas con ametralladoras.
Pero en un estado tras otro, el gobierno mexicano desde hace mucho cedió a los cárteles el control efectivo de pueblos, ciudades y regiones enteras.
“Ellos son la ley aquí. Si tienes un problema, vas con ellos y te lo arreglan rápido”, dijo una joven madre en el pueblo de El Aguaje, en el occidente del estado de Michoacán. El Aguaje está tan controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación que la esposa de un trabajador de un huerto de limones, que no dio su nombre por temor a represalias, no puede pedir ayuda a la policía: temen demasiado entrar al pueblo.
Cuando un convoy de la policía estatal de Michoacán hizo una rara aparición en El Aguaje el lunes pasado, fueron emboscados y asesinados por hombres del Cártel Jalisco. Trece policías estatales murieron baleados o incendiados en sus vehículos.
Cuando la policía regresó para recuperar las patrullas incendiadas al día siguiente, estaban tan apurados por completar la tarea que dejaron tirado en el piso el cráneo perforado de balas, quemado y aplastado de uno de sus colegas.
Mientras tanto, en el pueblo vecino de El Terrero, el cártel rival Nueva Familia Michoacana y su brazo armado, Los Viagras _ que controlan ese lado del río _ han dejado sus iniciales en casas y postes de luz, y la semana pasada incendiaron varias camionetas y autobuses para bloquear el puente y evitar una incursión del Cártel Jalisco.
En algunos casos, el gobierno incluso ha defendido los límites de los cárteles, al parecer como parte de su estrategia para evitar a toda costa el derramamiento de sangre.
Por ejemplo, en el pueblo michoacano de Tepalcatepec, la policía se forma todos los días para vigilar un punto de revisión en una carretera que lleva al estado de Jalisco para evitar una incursión armada del Cártel Jalisco. El problema es que la fuerza del gobierno se coordina con un grupo vigilante aliado con el cártel. Los vigilantes son posicionados cerca de una colina desde donde pueden observar la carretera, armados con rifles calibre .50.
En el estado de Guerrero, al oriente de Michoacán, soldados y la policía estatal vigilan puestos de control entre grupos de vigilantes rivales, muchos de los cuales están aliados con los cárteles. Los soldados permiten que deambulen libremente los vigilantes armados con fusiles de asalto, pero no que invadan el territorio contrario.
Y en el estado norteño de Tamaulipas, cuando Estados Unidos comenzó a regresar a personas en busca de asilo a que esperaran sus audiencias en México, el gobierno sabía que no podía proteger a los migrantes del cártel Zetas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, así que simplemente los subió a un autobús para sacarlos de la ciudad. También conocido como el Cártel del Noroeste, los otrora Zetas controlan Nuevo Laredo a tal grado que recientemente ordenaron a las gasolineras locales que se negaran a vender gasolina a vehículos militares.
En muchas regiones, los cárteles enriquecidos por las ganancias de las drogas han tenido un extenso control por lo menos la última década, comprando o amedrentando a la policía y almacenando grandes arsenales, junto con redes de informantes, para proteger las rutas de las drogas del gobierno o rivales.
El control del cártel en Tamaulipas era tan firme para el 2011 que los Zetas pudieron secuestrar a casi 200 personas de autobuses que pasaban por el lugar y matarlos incluso cuando el equipaje sin reclamar de los pasajeros seguía acumulándose en las estaciones de autobuses locales. Durante meses, nadie denunció los crímenes.
En este contexto, la decisión del gobierno de liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán _ hijo del encarcelado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera _ después de las balaceras de Culiacán sólo sorprendió por el hecho de que el gobierno desistió de forma tan pública incluso la pretensión de hacer cumplir la ley.
“No es algo sin precedentes que las autoridades mexicanas detengan a un capo importante y luego lo liberen; en realidad, desafortunadamente es demasiado común”, dijo David Shirk, profesor de politología en la Universidad de San Diego. “Pero lo que realmente no tiene precedentes es reconocer tan abiertamente que el estado no tiene la capacidad ni el ánimo para mantener tras las rejas a un gran capo por las posibles consecuencias”.
“¿Pero qué mensaje se envía a la gente que está bajo el yugo de las organizaciones criminales en todo México?”, preguntó Shirk. “Creo que el mensaje es, ‘Están solos. No iremos a rescatarlos porque podrían matarlos en el proceso’”.
El mensaje a los soldados del ejército mexicano también es muy claro: la Secretaría de Defensa Nacional culpó a una brigada militar del apresurado operativo para arrestar a Ovidio Guzmán que provocó la batalla de fuego en Culiacán y juró investigar y sancionar a los líderes de la brigada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ocupó el puesto hace menos de un año, ha exhortado reiteradamente la restricción militar diciendo que la estrategia de una fuerte confrontación de sus predecesores en las zonas controladas por los cárteles, “convirtió al país en un cementerio y eso ya no lo queremos”.
Hace meses, elogió a una brigada de soldados por contenerse después de que fueron secuestrados y obligados a regresar un rifle calibre .50 confiscado por otra patrulla. Defendió la respuesta del levantamiento de Culiacán cuando dijo que “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas... Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra”.
De ahí que los soldados probablemente eviten cualquier iniciativa, implementen una participación pasiva y hagan todo para evitar un derramamiento de sangre.
Mientras tanto, los ciudadanos comunes en muchas zonas sólo pueden esperar que los cárteles más benévolos lleguen a gobernar su pueblo. El problema es que casi todos los cárteles prometen respetar a la población local y no secuestrarlos ni extorsionarlos para que paguen por protección, pero con el tiempo todos los grupos criminales rompen esa promesa.
Y entonces se convierte en una cuestión no de luchar contra los cárteles, sino de aceptar el mal menor, cualquiera que sea, en cualquier momento dado. Y al parecer a los cárteles les llega ese mensaje.
Cuando el Cártel Jalisco dejó 19 cadáveres miembros de un cártel rival desparramados en un puente en Michoacán en agosto, dejaron una pancarta que aclaraba que no eran una amenaza. “Gente bonita, siga con su rutina”, concluía el mensaje.
El viernes, después de las balaceras en Culiacán, José Luis González Meza, abogado de la familia de El Chapo, dijo que la familia “pide una disculpa” por los tiroteos y juró que “se harán cargo de las lesiones y de un muerto... Los que sean... se les va a apoyar económicamente”.
“En la zona (de Guzmán)... no se cobra a los taxistas, no se cobra a los automovilistas, no se cobra a los camiones foráneos y locales”, dijo González Meza en referencia a las prácticas de extorsión comunes entre otros cárteles.
¿Y el mensaje al resto del mundo? Que no espere que México ayude a capturar o extraditar a narcotraficantes como el país lo hizo con El Chapo.
“Creo que no manda una señal muy sobria a México y posiblemente a los socios estadounidenses de México”, dijo Shirk. “Si yo escribiera la próxima advertencia de viaje del Departamento de Estado para México, aumentaría drásticamente el número y el número de advertencias para diferentes partes de México, porque creo que es muy claro que el gobierno federal cede territorio... y no sólo territorio rural, sino grandes ciudades y quizás incluso estados completos, a los narcotraficantes”.
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Los periodistas de Associated Press Christopher Sherman y María Verza contribuyeron a este despacho.
