Lenín Moreno denuncia plan desestabilizador en Ecuador

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Lenín Moreno denunció el miércoles que las duras protestas que enfrenta forman parte de un plan de desestabilización contra su gobierno impulsado por “grupos terroristas”, incluyendo la influencia del exmandatario Rafael Correa y del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

En declaraciones a la cadena de televisión CNN, Moreno aseveró que se ha capturado a agitadores y se ha identificado “su procedencia y tiene bastante que ver con grupos terroristas ... son grupos terroristas de afuera y de adentro, grupos criminaloides de acá también, de dentro de Ecuador”.

Además acusó a Correa (2007-2017), su examigo y mentor político, y a Maduro de fomentar la crisis que afronta su gobierno.

“Parece que fue algo planificado ... creo que uno de los elementos que confirman esto es la presencia de altos dirigentes de lo que ahora se denomina Revolución Ciudadana (de Correa) y de la presencia inclusive de Correa en Venezuela”, a donde llegaron altos funcionarios del gobierno del exmandatario.

Tanto Correa como Maduro han negado por separado cualquier vinculación con el asunto, aunque Moreno insistió que “estamos más que seguros que las órdenes, las indicaciones, la direccionalidad que se debía dar a este proceso (desestabilizador) fue por parte del sátrapa (Maduro) que dirige lastimosamente los destinos de ese pueblo querido venezolano”.

Los problemas comenzaron hace una semana después de que el gobierno anunció reformas, incluida una sustancial elevación del precio de los combustibles, así como en el sector laboral para cerrar una brecha fiscal y dinamizar la economía del estado y del sector privado.

En un principio los transportistas dejaron sin servicio a las ciudades y sin recorridos interprovinciales, luego los estudiantes tomaron la posta con protestas callejeras, y finalmente se sumaron los indígenas, que bloquearon carreteras y por miles llegaron a la capital en medio de episodios de saqueos, de violencia y de enfrentamientos con la policía.

“Definitivamente es un plan sistematizado, porque lo aplican además en otras partes en la cual los elementos convergen, y los elementos apuntan a un solo objetivo que es desestabilizar al gobierno de Ecuador. No hay mucho a donde perderse. Vuelvo a recalcar, quebrar la democracia en Ecuador”, afirmó Moreno.

Grupos sindicalistas, de estudiantes y de indígenas efectuaron el miércoles marchas de rechazo a las reformas. Durante las protestas encapuchados atacaron a policías y militares que permanecían tras mallas metálicas. Los indígenas caminaron pacíficamente por el centro histórico capitalino.

La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que nadie ha fallecido durante las protestas. Hay 86 policías heridos, 714 personas detenidas por actos de violencia y otras 360 que han recibido atención médica, muchas de ellas por aspirar gases lacrimógenos, agregó.

Los desmanes han causado que la empresa estatal Petroecuador reduzca casi un tercio de su producción de petróleo, de 560.000 barriles diarios, debido a la toma de instalaciones petrolíferas por parte de manifestantes, mientras que la demanda de combustibles en el sector automotriz ha bajado un 30%, generando pérdidas diarias por 3,4 millones de dólares, informó el Ministerio de Energía.

Moreno ha invitado al diálogo y en su cuenta de Twitter afirmó que ya ha comenzado y empieza “a dar frutos”, sin dar detalles.

El secretario general de la Presidencia, José Briones, dijo que iniciaron un incipiente diálogo con los indígenas. Entre los temas a discutir están el desarrollo de sistemas de riego, entrega de tierras, financiamiento y seguro agrícola, refinanciación de deudas, condonación de multas, maquinaria, apoyo técnico y centros de acopio para cultivos.

Las Naciones Unidas, la Iglesia y algunas universidades han alentado al gobierno a que dialogue con los diversos grupos que han bloqueado calles y carreteras casi una semana, lo que prácticamente ha paralizado al país.

En las protestas se arrestó a extranjeros, que habrían dicho que recibieron entre 40 y 50 dólares por asistir a la manifestación, informó el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien anunció que podrían ser deportados.

En tanto, la Cruz Roja anunció la suspensión de la atención durante las protestas debido a la falta de garantías y la continua agresión a socorristas y ambulancias, y advirtió que registra un insuficiente abastecimiento de sangre.

Entre las medidas que tomó el gobierno la semana pasada y que han causado enojo están reformas laborales como la racionalización de los costos de los despidos _el pago de cantidades menos elevadas para poder despedir a alguien_, permitir la contratación por horas o tiempo parcial y establecer salarios mínimos para jóvenes y jornaleros agrícolas, entre otras, las cuales han sido rechazadas por los sindicalistas.

Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, que convocó a la huelga del miércoles, dijo que las medidas del presidente son “reformas regresivas” e “ilegales”.

Eliminó también un subsidio a los combustibles por 1.300 millones de dólares para equilibrar las finanzas públicas, con lo cual el precio de la gasolina pasó de 1,85 dólares el galón a 2,39, y el diésel de 1,03 a 2,30 dólares.

Pese a las protestas, Moreno dijo la víspera que no ha pensado en renunciar a su cargo, que inició un diálogo con el sector indígena y que no dará marcha atrás.

Un alto dirigente del movimiento indígena Ecuarunari, Carlos Susuzagñay, advirtió que “podemos llegar a un diálogo, siempre y cuando derogue el decreto (de reformas) porque es una medida que afecta a los más pobres, no sólo a los indígenas”.

El mandatario _que laboraba en la ciudad portuaria de Guayaquil tras haber trasladado su gobierno a esa ciudad debido a las tensiones_ llegó a Quito al mediodía para intentar restablecer la normalidad.

En Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades se efectuaron marchas de trabajadores e indígenas que rechazaron las medidas del gobierno con gritos y pancartas, aunque también hubo enfrentamientos con uniformados.

Ecuador registra una cifra de desempleo de 4,5%, y de empleo informal _como el de los vendedores callejeros_ de más del 49,6%, entre otras razones por la crisis económica fiscal que ha ralentizado las finanzas del Estado y del aparato productivo privado.

Para hacer frente a los problemas, Moreno decretó la semana pasada un estado de excepción nacional que restringe derechos ciudadanos. Ese mecanismo se usa con cierta frecuencia en el país, e incluso se aplicó a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles.

Debido a la agitación que prevalece están suspendidas las actividades en escuelas y universidades.