EEUU: Caso de salarios a migrantes detenidos puede proseguir

SEATTLE (AP) — Los intentos del estado de Washington para obligar a una cárcel de inmigrantes operada por una empresa privada a pagarles a sus detenidos el salario mínimo por trabajo que realizan pueden continuar después de todo, falló un juez el miércoles.

El juez federal de distrito Robert Bryan, en Tacoma, dijo el mes pasado que pretendía desechar el caso, e invitó al secretario de Justicia estatal Bob Ferguson y a los abogados del GEO Group, que gestiona el centro de detención, para comentarles acerca de una orden que planeaba presentar.

Después de revisar los argumentos, el juez señaló el miércoles que no emitirá la orden propuesta y que el caso puede proseguir. Las interrogantes legales que persisten en el caso son lo suficientemente delicadas para que la cuestión no pueda ser decidida de forma inmediata, comentó Bryan.

Ferguson, un demócrata, demandó a GEO en 2017, diciendo que los civiles que estén detenidos deben recibir el salario mínimo por trabajos de limpieza, cocina, lavandería y de otro tipo que realizan en el centro de detención de Tacoma, lo que representaría una paga de 12 dólares la hora, en lugar del dólar que reciben por día. La querella busca obligar a GEO a ceder las ganancias que obtiene al pagarle menos a los detenidos, y ha sido vista como una prueba de cuán bien los funcionarios demócratas del estado pueden resistir a la agenda de inmigración del presidente Donald Trump.

El juez había rechazado en repetidas ocasiones los intentos de GEO para que se desestimara el caso. Pero en agosto el gobierno de Trump intervino a nombre de la empresa, presentando una “declaración de interés” y diciendo que la demanda era “un intento agresivo y sin justificación legal por parte del estado de Washington para interferir en el ejercicio de las leyes migratorias federales”.

El Departamento de Justicia dijo que el pagarles el salario mínimo estatal a los detenidos federales _cuando el estado no paga a sus propios detenidos civiles un salario mínimo_ sería discriminatorio de manera inadmisible contra el gobierno federal, violando un principio legal conocido como “inmunidad intergubernamental”.

Entonces Bryan les dijo a las partes que planeaba revertir su propio fallo anterior y desestimar el caso.

Sin embargo, luego de que las partes presentaron argumentos adicionales en respuesta a la orden propuesta por Bryan, decidió que no iba a desestimar el caso después de todo.