Nicaragua: ataque a comunidad indígena deja tres muertos
MANAGUA (AP) — Un ataque armado a una comunidad indígena misquita en Nicaragua dejó tres muertos, un herido y varias viviendas y una iglesia incendiadas, informó el jueves la Policía Nacional.
En un comunicado la fuerza indicó que la comunidad indígena de Masmalaya fue atacada por “un grupo de delincuentes con armas de fuego (que) agredieron e intentaron desalojar a los pobladores” del lugar.
Agregó que tres personas murieron por impactos de bala, entre ellas dos de los atacantes. Otro más resultó lesionado y fue llevado al hospital.
La policía señaló que detuvo a ocho presuntos delincuentes a quienes decomisó un fusil de asalto y tres vehículos. Según el reporte, el herido y uno de los muertos tenían antecedentes penales.
Los atacantes quemaron dos viviendas de madera y una iglesia evangélica, según testigos citados en el comunicado policial.
El diario local La Prensa reportó el ataque la noche del miércoles señalando que al menos 10 casas fueron incendiadas en Masmalaya, un territorio ubicado a unos 160 kilómetros de la localidad minera de Siuna en la región del Caribe norte.
El periódico difundió imágenes de viviendas quemadas y el audio de un poblador del lugar, identificado como Freddy Pérez Morales, quien logró huir al momento del ataque armado.
“Me tiré a un guindo (abismo) y me volaron tres escopetazos… Cuando regresé todito estaba quemado, no había nada ya. Me quemaron la comida, ropa, todo y hasta me robaron 5.000 córdobas (unos 150 dólares)”, dijo el testigo.
En los últimos 10 años pobladores de comunidades indígenas del Caribe norte han denunciado la creciente invasión de los llamados “colonos”, campesinos de la zona del Pacífico que buscan instalarse en esas tierras para dedicarse a la agricultura y la extracción de madera.
Las denuncias incluyen presuntos secuestros, asesinatos, ataques sexuales, robos, incendios de viviendas y emboscadas a los habitantes de las poblaciones misquitas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en 2015 y las amplió en 2018 demandando al Estado de Nicaragua que asegure la protección de los indígenas.
