AP Explica: La caótica lucha por el poder en Perú
BOGOTÁ (AP) — El presidente de Perú Martín Vizcarra y el Congreso, de mayoría opositora, han tomado medidas para destronarse entre sí, creando la peor crisis constitucional en casi tres décadas en un país frustrado por años de gobiernos disfuncionales y escándalos de corrupción.
Vizcarra anunció el lunes la disolución de la legislatura para darle vuelta a una página al largo historial de políticos corruptos, conflictos de intereses y sobornos en Perú. Los legisladores del partido mayoritario compararon la medida con un golpe de Estado y votaron para destituirlo, designando como mandataria legítima a quien alguna vez fuera la vicepresidenta.
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¿POR QUÉ VIZCARRA DISOLVIÓ EL CONGRESO?
Habiendo llegado a la presidencia el año pasado después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra se ha enfrascado en una creciente disputa con el Congreso debido a las iniciativas del mandatario en el combate a la corrupción.
Casi todos los expresidentes peruanos con vida están implicados en el escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht, y la líder opositora Keiko Fujimori permanece encarcelada, aún sin ser condenada, debido a las acusaciones de que su partido aceptó dinero de la constructora brasileña, que ha reconocido que pagó millones de dólares a políticos a cambio de lucrativos contratos de obras públicas.
El partido Fuerza Popular, al que pertenece Fujimori, tiene la mayoría parlamentaria y acusa a Vizcarra de exceder en repetidas ocasiones sus poderes ejecutivos y de crear una crisis política falsa como distracción.
La disputa alcanzó su punto más álgido el lunes, cuando los legisladores de la oposición prosiguieron con una votación para seleccionar nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, lo que les permitiría elegir a los jueces que tomarían las decisiones de cualquier medida de Vizcarra en contra de ellos. El presidente dijo que el Congreso estaba llevando a cabo un proceso carente de transparencia y advirtió que disolvería al parlamento en caso de que continuaran con la selección de jueces.
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¿TIENE EL DERECHO DE HACERLO?
La Constitución de Perú indica que un presidente puede disolver el Congreso en caso de que los legisladores rechacen dos votaciones de confianza durante su mandato. Vizcarra argumenta que el rechazo ocurrido durante la renuncia de Kuczynski fue el primero debido a que él dio continuidad al mandato de su predecesor. Aseguró que la votación del lunes sobre la designación de magistrados constituye un segundo rechazo fáctico debido a que había exigido al Congreso un voto de confianza y considerar las enmiendas propuestas con el objetivo de limitar la influencia de políticos en la selección de magistrados.
Los legisladores opositores argumentan que su interpretación de la ley es anticonstitucional. Señalan que deben contabilizarse únicamente los rechazos evidentes de los votos de confianza.
Las aseveraciones contradictorias posiblemente deberán resolverse en el Tribunal Constitucional que protagoniza la disputa. El líder del Congreso, Pedro Olaechea, dijo que será un “tema legal, largo, tedioso y delicado”.
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¿CÓMO RESPONDIÓ EL CONGRESO?
Los legisladores de Fuerza Popular se rehusaron a obedecer el decreto de disolución de Vizcarra. En su lugar, permanecieron en sus escaños y prosiguieron con una votación para suspender a Vizcarra del gobierno durante un año.
Posteriormente, juramentaron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como la líder legítima del país. Aráoz se distanció recientemente de Vizcarra debido a las intenciones del mandatario de convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas el próximo año, medida que la oposición rechaza.
El presidente asegura que las elecciones anticipadas son la mejor manera de sacar al país del estancamiento con el Congreso. La medida es popular entre los peruanos, que han perdido la confianza en los funcionarios electos.
El ejército y los gobernadores del país han expresado su respaldo a Vizcarra, mientras que aparentemente Aráoz cuenta con el apoyo de importantes grupos de la iniciativa privada.
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¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO CON EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?
Los periodos de seis de los siete magistrados terminaron en julio, aunque continúan en funciones. Los legisladores señalaron que cumplían con la ley al realizar los nombramientos del lunes.
Vizcarra y las organizaciones de derechos humanos señalan que los legisladores eligieron a los candidatos a una velocidad inusual y el diario El Comercio reportó que seis de los aspirantes enfrentan cargos civiles y penales por delitos tan graves como secuestro y extorsión.
El lunes, los legisladores seleccionaron a un nuevo magistrado —un familiar del presidente del Congreso— antes de suspender las demás votaciones.
La Organización de Estados Americanos llamó el martes al tribunal a pronunciarse sobre la disputa.
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¿QUÉ LE ESPERA A PERÚ?
Vizcarra cuenta con amplio apoyo entre los 32 millones de habitantes, y un sondeo reveló que el 75% está a favor de la disolución del Congreso. El respaldo, tanto civil como militar, significa que posiblemente Vizcarra continúe en la presidencia mientras impulsa el plan de realizar elecciones parlamentarias en enero de 2020.
Sin embargo, continúa en una posición vulnerable. En caso de que el Congreso prevalezca, los legisladores continuarán en sus puestos hasta julio de 2021 y posiblemente tomen medidas para destituir a Vizcarra, a pesar de las frecuentes manifestaciones callejeras en contra del parlamento en los últimos meses.
Los analistas advierten de un alto riesgo de inestabilidad social, en especial si el Tribunal Constitucional falla a favor del Congreso y se cancelan las elecciones legislativas anticipadas.
