Guatemala: políticos pronto confrontarán trabajo de CICIG
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La comisión política creada por los diputados del Congreso guatemalteco para revisar las investigaciones judiciales que realizó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) empezó a funcionar el lunes.
La CICIG fue un órgano de Naciones Unidas que trabajó en colaboración con la Fiscalía General de Guatemala y suspendió actividades a principios de septiembre después de 12 años de operaciones.
Entre las primeras acciones que realizará esta nueva comisión destaca la recepción de testimonios de personas acusadas, llevadas a juicio y procesadas por delitos de corrupción que se sintieron afectadas por las investigaciones de la CICIG. La recopilación de estos testimonios comenzará el 7 de octubre y finalizará un mes después. La comisión tiene hasta el 10 de enero para entregar sus conclusiones.
La comisión pretende revisar lo realizado por la CICIG, evaluar información de cualquier persona o entidades que se hayan visto afectadas por el organismo, presentar denuncias, pedir extradiciones, revisar cómo se financió --pues mientras operó no contó con presupuesto del Estado Guatemalteco-- e incluso solicitar información personal de sus trabajadores.
Desde que la CICIG finalizó su trabajo el 3 de septiembre pasado debido a que el presidente Jimmy Morales no renovó su mandato, activistas de derechos humanos y jueces alertaron y denunciaron su preocupación ante el riesgo de que se criminalizara la labor que hicieron llevando a juicio y condenando a cientos de personas por actos de corrupción. Las preocupaciones se centran ahora en los fiscales que llevaron a juicio a los acusados de corrupción.
El viernes pasado, la fiscal general Consuelo Porras dijo que conformó un equipo jurídico para analizar las acciones que tomaría esta nueva comisión, pero eso no ocurrió y el grupo ya empezó a trabajar.
La comisión está conformada por los diputados afines al oficialismo Juan Ramón Lau como presidente, así como por Luis Pedro Álvarez, Luis Hernández Azmitia, Manuel Conde y Aníbal Rojas como voceros. Todos fueron designados al cargo sin que se votara por ellos. Todos son abiertamente opositores a la CICIG.
La creación de la comisión fue propuesta por los diputados Felipe Alejos y Álvaro Arzú. Alejos fue investigado por corrupción por la CICIG, al igual que el padre de Arzú.
La propuesta recibió 82 votos a favor de los 158 diputados.
A casi una cuarta parte del legislativo se le solicitó retirar la inmunidad para investigar, procesar o acusar por diversos actos de corrupción según la CICIG.
Mientras operó en Guatemala, la CICIG logró desarticular 70 estructuras del crimen organizado y llevó a juicio y sentencia a 400 personas entre empresarios, funcionarios, jueces y particulares acusados de graves delitos.
Entre los casos de mayor impacto presentados está el de “La línea”, con el que se llevó a la justicia al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), a su vicepresidenta Roxana Baldetti y a casi todo su gabinete por una defraudación millonaria en las aduanas del país.
También destaca el caso contra el partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó al poder al actual presidente Morales en 2015. En éste la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por primera vez sentaron en el banquillo de los acusados a grandes empresarios guatemaltecos por financiar ilícitamente al partido de gobierno.
