Guatemala reacciona ante comisión para investigar a CICIG

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Aunque ya no opera en el país, el nombre de la CICIG no deja de escucharse en Guatemala.

Luego de que el Congreso aprobara el martes la creación de una comisión de políticos para investigar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las reacciones no se hicieron esperar.

Durante los 12 años que se mantuvo activo, este órgano de Naciones Unidas desmanteló 70 estructuras del crimen y llevó a juicio a más de 400 empresarios, jueces, funcionarios y particulares por corrupción.

Una de las primeras voces en elevarse fue la del abogado colombiano Iván Velásquez, quien fue titular de la CICIG durante cinco años, pero tras salir del país en 2018, le fue imposible volver por tensiones con el actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales.

Según escribió Velásquez en su cuenta de Twitter, el objetivo de esta nueva comisión no sería sólo revisar el trabajo que llevó a cabo la CICIG, sino confrontar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), que trabajó e investigó junto a ellos la corrupción en el país y actualmente sigue activa. “Ni la dignidad, ni la soberanía, ni la legalidad, ni el estado de derecho a algunos, ni siquiera la venganza es lo que les mueve a actuar como lo han hecho. Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FECI. No tuvieron ni el recato de ocultarlo”.

El presidente Morales, que asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, se refirió a la CICIG en su discurso ante la organización y dijo que ésta politizó la justicia de su país. El mandatario también exigió una revisión de las finanzas de la CICIG, que funcionó sin fondos de Guatemala y con el apoyo de la comunidad internacional.

El distanciamiento entre la CICIG y Morales comenzó cuando el ente investigó a su hermano e hijo por corrupción. Ambos fueron absueltos de los cargos a pesar de que el hijo del presidente confesó los hechos por los que le acusaba.

Por su parte, Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, explicó que esta comisión atentaría contra la autonomía funcional del MP y la independencia judicial que ha tenido todo juez al momento de conocer los casos judicializados. “Lo que pretenden con esta comisión es vengarse por parte de los diputados por procesos y antejuicios iniciados contra ellos por la FECI en colaboración con CICIG”.

El miércoles la organización Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, presentó un amparo contra el Congreso con el fin de suspender la creación de la comisión argumentando que ésta viola la Constitución.

El vicepresidente Jafeth Cabrera dijo a periodistas que la comisión es importante y que “si ellos verdaderamente no temen nada e hicieron lo correcto, deben abrir las puertas para que los investiguen”.

El martes, 82 de los 158 diputados aprobaron una comisión para revisar lo hecho por CICIG y el MP, evaluar información de cualquier persona o entidades que se hayan visto afectadas por la Comisión, presentar denuncias, revisar cómo se financió e incluso solicitar información personal de trabajadores de la comisión. También podría pedir extradiciones.

La comisión fue solicitada por los diputados Felipe Alejos y Álvaro Arzú. El primero fue investigado por corrupción por la CICIG, al igual que el padre de Arzú.

César Calderón, defensor de varios acusados por CICIG, incluido el expresidente Otto Pérez Molina, dijo a The Associated Press que la creación de la comisión es “una muy buena decisión” y que crearla está dentro de las facultades del Congreso..

El abogado aseguró que aconsejará a varios de sus defendidos para dar testimonio ante esta nueva comisión, que estará vigente hasta el 10 de enero de 2020. Agregó que se podrá perseguir penalmente a los Fiscales que participaron de las investigaciones “y a los abogados guatemaltecos que trabajaron en la comisión”.

Poco menos de una cuarta parte de los diputados actuales fueron investigados, procesados y llevados a los tribunales por actos de corrupción; varios de ellos avalaron la creación de la comisión.

Desde que la CICIG cesó operaciones el pasado 3 de septiembre debido a que el presidente Morales no renovó su mandato, activistas de derechos humanos y jueces alertaron y denunciaron el riesgo de que se criminalizara la labor que hicieron llevando a juicio y condenando a cientos de personas por actos de corrupción.