Gobierno de Guatemala: CIDH hace intrusión en sus asuntos
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala fue criticado el lunes por haber faltado a una audiencia programada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sede en Washington para tratar temas de violaciones a los derechos humanos, criminalización de las luchas por los territorios, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra, entre otros.
La gestión del presidente Jimmy Morales, para excusarse, envió una carta en la que afirma que la CIDH se inmiscuyó en sus asuntos internos.
Jorge Luis Borrayo, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, a cargo de la representación del Estado en estas audiencias, no respondió a las llamadas y mensajes de The Associated Press solicitándole su postura sobre el tema.
La CIDH realiza a partir del lunes su 73 período de sesiones para tratar el tema de los derechos humanos en la región.
La comisionada Margarette May Macaulay preguntó en la audiencia “¿Guatemala aún es una país democrático?” ante la ausencia de los representantes del gobierno.
"Los argumentos del Estado de Guatemala parecen previos a la segunda guerra mundial", dijo Soledad García Muñoz, Relatora Especial en materia de Memoria, Verdad y Justicia, y agregó que lamentaba que el país ni siquiera quiere sentarse a discutir estos temas.
Al referirse a la ausencia del gobierno, el activista Jorge Santos dijo que “en el país estamos asistiendo a un grave retroceso democrático y de derechos humanos y esta es la materialización de la regresión”.
Esta no es la primera vez que el gobierno del presidente Morales argumenta “injerencia extranjera” ante la actuación de organismos internacionales. Lo mismo sucedió con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años trabajó en el país desbaratando por lo menos 70 redes del crimen organizado y corrupción.
Morales se negó a renovar el mandato de la comisión, que llevó a condena y prisión a unas 400 personas, entre empresarios, jueces, funcionarios y particulares por actos de corrupción.
La canciller guatemalteca Sandra Jovel, también utilizó los mismos argumentos para expulsar del país en mayo de 2018 al embajador sueco en Guatemala, Anders Kompass, un reconocido diplomático y defensor de derechos humanos.
La convergencia por los Derechos Humanos, que aglutina a varias organizaciones en el país centroamericano dijo que “este gobierno ha impulsado una serie de acciones que violan todos los principios democráticos e incluso ha violado el estado de Derecho con el único objetivo de mantener y ampliar la impunidad”.
